Filipinas: Activistas denuncian a hasta 12,000 muertes en guerra 'antidrogas'

“Si estás en drogas, te mataré”, dijo en una ocasión el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Y, a estas alturas, a nadie le cabe duda que sus advertencias van en serio.

La operación contra el narcotráfico puesta en marcha hace diez meses ha cobrado la vida de entre 8,000 y 12,000 supuestos drogadictos y traficantes, consignan ONG’s, tras el informe que presentó el país insular sobre su situación de derechos humanos.

“La vida humana se ha vuelto barata en Filipinas”, lamentó Budit Carlos, de la Alianza para los Defensores de Derechos Humanos de Filipinas, que acusó en una conferencia de promover la “erradicación” de una parte de la sociedad y señaló a las fuerzas policiales como responsables de dos tercios de los homicidios.

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Según este activista, en dicha operación se han cometido con total impunidad ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos de vecinos o “vigilantes”, en una ola de violencia que ha causado, aseguró, entre 8,000 y 12,000 muertos, 6,000 viudos y viudas, 18,000 niños huérfanos y 12,000 padres que han perdido a sus hijos.

El Gobierno filipino reiteró ante el Consejo de Derechos Humanos que la campaña contra las drogas ilegales pretende evitar que el país se convierta en un “narcoestado”.

Hablan las ONG’s

Los argumentos esgrimidos por el Gobierno “no pueden esconder que la situación real en el país es muy grave y que las ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzosas, detenciones ilegales y persecuciones a periodistas y líderes indígenas continúan en el país”, declaró por su parte Jigs Clamor, de la Alianza para el Progreso del Pueblo Filipino.

De parte de la ONG Human Rights Watch, su representante John Fisher pidió que se lleve a los responsables de estas muertes ante la Justicia.

Pese a no ofrecer cifras, la representante del Centro de Desarrollo para los Derechos Legales de los Niños, Rowena Legaspi, aseguró que menores fueron considerados “objetivos” de esta campaña masiva para erradicar el consumo y la venta de drogas.

Además, expresó su preocupación por la ley que pretende reducir la edad de responsabilidad penal de los quince a los nueve años, y acusó a Duterte de “criminalizar” a los menores.

Nilda Sevilla, representante de la ONG Familias de Víctimas y Desaparecidos, dijo que el gobierno tiene la intención de volver a instaurar la pena de muerte en el país, algo que vulnera los tratados internacionales de los que Filipinas es signatario.

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— Diario Perú21 (@peru21noticias) 8 de mayo de 2017