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Cristina Fernández apoya editorial donde se denuncia que es víctima de un "nuevo plan Condor"

Texto publicado en el diario ecuatoriano El Telégrafo apoya también a Luiz Inácio Lula da Silva.

Cristina Fernández apoya una editorial que denuncia que es objetivo de un nuevo
Cristina Fernández apoya una editorial que denuncia que es objetivo de un nuevo "Plan Condor" (AP).

Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de Argentina (2007-2015), apoyó el texto de una editorial escrita en el diario ecuatoriano El Telégrafo sobre la existencia de un “nuevo Plan Cóndor” judicial emprendido contra ella y el ex mandatario de Brasil, Luiz Iznácio Lula Da Silva.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Cristina Fernández compartió dicho editorial que afirma que se intercambiaron los “grupos armados dentro de las instituciones militares latinoamericanas” del pasado por “aparatos judiciales y “mediáticos” para desprestigiar a los líderes y Gobiernos progresistas.

El titular señala “saben que, de haber elecciones en este instante, (Lula) ganaría la Presidencia. Igual ocurre con Cristina Fernández, ex presidenta de Argentina. Ahora quieren tapar las corruptelas del presente encarcelando a estos líderes”.

Fernández, por su parte, calificó el texto de “conciso y preciso”.


A partir de esta publicación, Cristina Fernández denunció la cobertura mediática de casos de corrupción iniciados contra ella y a miembros de su Gobierno. Fernández es investigada por tener supuestos vínculos a una supuesta red de corrupción en torno a las obras públicas en Santa Cruz por la que ha sido detenido Lázaro Baez, un empresario y amigo cercano de su difunto esposo, el ex presidente argentino Néstor Kirchner.

Cristina Fernández, quien debe declarar el 20 de octubre como investigada por este caso, señaló en Twitter que “un “juez” y un “fiscal” tienen presa a una persona en referencia al empresario para obligarla a decir lo que ellos quieren”.

La expresidenta argentina también ha sido llamada a declarar en los últimos meses en el marco de un proceso que investiga la venta por parte del Banco Central del país (BCRA) de contratos de dólar a futuro al final de su mandato.

Por otro lado, acusó a la Justicia de no investigar la supuesta corrupción en el actual Ejecutivo.

“Panamá Papers: sociedades y cuentas off shore no declaradas. Dinero ilegal. Todos identificados, muchos funcionarios y nadie preso…” tuiteó sobre la aparición del presidente argentino, Mauricio Macri, en la filtración de los papeles de Panamá con una supuesta implicación del jefe de Estado en sociedades en paraísos fiscales.


Después de nombrar ambos casos, Fernández volvió a referirse a la editorial de El Telégrafo: “Es evidente que no se trata de una simple coincidencia”, replicó, e insistió: “Ahora quieren tapar las corruptelas del presente encarcelando a estos líderes”.

Durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de países No Alineados (MNOAL) que se realiza en Isla Margarita, Venezuela, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, declaró igualmente que existe un nuevo Plan Cóndor contra los “Gobiernos progresistas” de la región.

De esta manera, Correa criticó la acción de la Justicia en Brasil y en Argentina por los procesos que vinculan a Lula y a Fernández. Además denunció una “judicialización” de la política en estos países.

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El denominado Plan Cóndor fue una operación coordinada de agencias de inteligencia ordenada por las dictaduras militares de Latinoamérica (Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia) en coordinación con EE.UU. y la CIA para eliminar a opositores en las décadas del 70 y 80.


Estos operativos fueron realizados en el periodo de la Guerra Fría y tuvo como objetivo lograr el intercambio de información entre países sobre supuestos subversivos, eliminando a enemigos políticos, vinculados al comunismo y evitar su expansión en la región.

El Plan Condor dejó un saldo de 50 mil muertos, alrededor de 30 mil personas desaparecidas y 400 mil presos. Asimismo, durante estos actos, de violación a los derechos humanos, se ejecutaron torturas contra los detenidos, su traslado a otros países y el seguimiento y vigilancia a políticos considerados enemigos.


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