La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió este lunes que si los países miembros no empiezan a entregar fondos se verá en la obligación de despedir al 40% de su personal o a 30 de las 78 personas que emplea a partir de agosto, y dejar de ejercer la función de proteger los derechos humanos en la región, labor que ha venido realizando durante décadas (se fundó en 1959).
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“Nos preocupa que la crisis financiera debilite la capacidad del sistema interamericano de responder a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”, señaló Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Ariel Dulitzky, director de Human Rights Clinic de la Universidad de Texas y exsecretario ejecutivo adjunto de la CIDH, piensa —consigna El País— que esta crisis puede repercutir en la calidad de los derechos humanos y en la calidad democrática de la región, ya que este organismo, según él, es el único dentro de la OEA “que llama la atención sobre los derechos humanos”.
CONSECUENCIAS
La comisión perderá la oportunidad de emitir medidas cautelares o de protección cuando una persona está siendo amenazada. “Eso ha salvado vidas humanas en Latinoamérica”, advirtió Santiago Canton, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y que precedió a Álvarez Icaza en la CIDH.
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Además, implica que no se podrá volver a levantar un proyecto como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que estudió el caso Ayotzinapa y descubrió numerosos fallos en la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, México. O que se pierda la única instancia en las Américas que puede realizar una “observación independiente” en los Estados.
EL SUSTENTO ECONÓMICO
La CIDH siempre ha caminado al borde del precipicio económico, consigna El País. El organismo solo tiene asegurado un 6% del presupuesto de la Organización de Estados Americanos (OEA), dinero que asciende a 4,8 millones de dólares.
Su principal fuente de ingresos han sido siempre las contribuciones voluntarias, pero con la crisis de refugiados que vive el viejo continente desde el año pasado, los aportes son escasos. Los únicos que han dado fondos a la CIDH en 2016 han sido Argentina, Estados Unidos, Perú y Uruguay. El total: 2,5 millones de dólares, de los cuales Estados Unidos aportó más del 90%.
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Para Santiago Canton, secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, la escasa aportación no se debe a falta de dinero: “A los países de la región no les gusta la CIDH, les molesta porque les marca cuando están cometiendo errores, y a nadie le gusta eso”.
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