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Brasil: Megajuicio por corrupción acabará antes de elecciones ediles

Corte Suprema decide acelerar desenlace del proceso que remece a partido de Lula da Silva y Dilma Rousseff, para el próximo jueves 25.

Los jueces Marco Aurelio Mello, Gilmar Mendes y Ayres Britto a cargo del proceso. (Reuters)
Los jueces Marco Aurelio Mello, Gilmar Mendes y Ayres Britto a cargo del proceso. (Reuters)

La Corte Suprema de Brasil decidió acelerar el desenlace del juicio a los acusados en el escándalo de pago de sobornos a legisladores por parte del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que terminará probablemente en la próxima semana, días antes de la segunda ronda de las elecciones municipales.

Según los planes del Supremo Tribunal Federal (STF), el desenlace del proceso iniciado el 2 de agosto pasado tendrá lugar el 25 de octubre, tres días antes de los comicios que definirán a los alcaldes de 50 grandes ciudades en las que la elección no se definió en la primera vuelta, entre ellas Sao Paulo, la mayor metrópolis industrial del país, donde el PT busca recuperar el poder a través de Fernando Haddad, que enfrentará en las urnas al socialdemócrata José Serra.

La última parte del juicio se refiere a la definición de las penas para los reos. Hasta ahora, han sido condenados 25 de los 38, entre ellos el exministro del Gabinete Civil del pasado gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva, José Dirceu, y el expresidente y el extesorero del PT, José Genoíno y Delubio Soares, respectivamente.

Los tres líderes del partido han sido condenados por corrupción activa, y están entre los 13 acusados de asociación criminal que serán juzgados a partir de hoy por el STF.

Tras el veredicto sobre el último capítulo del proceso, los magistrados definirán las penas para los reos condenados por distintos cargos: cohecho, corrupción activa, desviación de dinero público, evasión de divisas y lavado de dinero.

El llamado “juicio del siglo” se refiere al escándalo que estalló en Brasil en 2005, cuando se reveló que el PT desvió recursos públicos para pagar sobornos a legisladores de partidos aliados, para obtener su apoyo a las propuestas del gobierno en votaciones del Congreso.


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