El estudiante Julio César López Patolzin, quien desapareció en la ciudad mexicana de Iguala junto a 42 compañeros en septiembre de 2014, era soldado raso del Ejército mexicano, del que desertó tras sufrir un accidente en octubre de 2013, dijo su padre Rafael López a la agencia EFE.
En octubre de 2013 se cayó de un puente durante las labores de rescate realizadas por los militares en el estado de Guerrero a raíz de la emergencia provocada por el impacto simultáneo de los huracanes Ingrid y Manuel en septiembre de ese mismo año, explicó a Radio Fórmula.
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“Quedó mal de su cadera”, por lo que decidió no regresar al Ejército después de año y medio como soldado e hizo los exámenes para entrar a la Normal Rural de Ayotzinapa, dijo.
“¿Cómo iba a andar (en el Ejército) así lastimado?”, se preguntó López, quien al ser interrogado sobre si el joven de 25 años había pedido su baja a esa institución señaló que muchos en Guerrero salen sin dar aviso.
Describió a Julio César como un “muchacho inteligente” que soñaba con estar en esa escuela para maestros. Apenas había logrado entrar y “andaba contento”, recordó.
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El secretario mexicano de Defensa, Salvador Cienfuegos, confirmó esta semana que López Patolzin era un “militar en activo” al que se le había autorizado estudiar.
Ello “no es nada extraño, porque los comandantes de los diferentes niveles” pueden pedir autorización para estudiar si ello no interfiere en su “actividad de servicio”, apuntó ante los dichos de que “a lo mejor era alguien que estaba sirviendo de espía”.
La noche del 26 de septiembre de 2014 decenas de alumnos de la Normal de Ayotzinapa fueron atacados a tiros en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, por policías corruptos.
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En el ataque perdieron la vida seis personas, incluidos tres estudiantes, y 43 más fueron detenidos y entregados a miembros del cártel de Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus cuerpos en un basurero, de acuerdo con la versión oficial.
Dicha versión fue cuestionada en septiembre pasado por un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudia el caso desde marzo y denunció graves irregularidades en la investigación, al tiempo que lanzó una nueva hipótesis sobre el móvil del crimen.
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