Fritz Du Bois,La opinión del director
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Estos últimos llamados de menor escala no son artesanales ni están adecuadamente implementados. Se trata en realidad de antiguas y obsoletas bolicheras hasta de 35 toneladas –por tanto no son pequeñas– que al no ser adecuadas para el sistema de cuotas estaban en muchos casos en manos de informales e iban camino al desguace al no tener mayor futuro en el mercado. Ahora, gracias a la norma, su valor se ha multiplicado.
Por otro lado, es claro que el decreto no cuenta con un informe técnico del Imarpe, caso contrario hace tiempo que la arrinconada ministra de la Producción lo hubiera mostrado. Además, su viceministro ha confesado que aún no tienen para las embarcaciones en cuestión un sistema satelital de control en el corredor, más de ocho meses después de haberlo implementado.
Incluso, si a eso le sumamos la imprecisión en la redacción que abre la puerta para cualquier destino final a lo pescado –‘preferentemente (¿?) para consumo humano’– entonces consideramos que los empresarios pesqueros formales tienen motivos válidos para sospechar que en dicho decreto hay gato encerrado.
Más aún si a ello le agregamos las desacertadas declaraciones del jefe de Estado sobre que el recurso de la anchoveta habría sido depredado, entonces uno llega a la conclusión que el gobierno quiere torpedear el sistema de cuotas pesqueras y regresar a la informalidad a ese sector. ¿Qué objetivo estarían persiguiendo? Difícil saberlo, aunque el que entre los beneficiados se encuentren allegados oficialistas y hasta un hermano del mandatario, permite especular sobre lo que habría detrás de un dispositivo que francamente está apestando.
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