El proceso

Un buen día, alguien es arrestado sin saber de qué es acusado y vive una pesadilla mientras es procesado. Más aún, nunca supo qué delito había cometido, pero al final se sintió aliviado de ser ejecutado. Puede parecer en todo sentido excesivo comparar a Alan García con el personaje de Kafka, pero en el fondo ambos compartieron el no haber podido ejercer su derecho a un debido proceso. Guardando las distancias, ambos fueron maltratados.

Sin duda, el fiasco de la comisión presidida por Tejada es una nueva demostración de lo fundamental que es la imparcialidad en cualquier proceso de investigación. Todas las comisiones parlamentarias que han sido creadas con el único objetivo de hundir a políticos de oposición siempre han terminado siendo un gran fracaso.

Por ejemplo, ocurrió con la comisión de Diez Canseco contra Fujimori, que luego de años investigando, toneladas de documentos presentados y millones desperdiciados, no logró mayor resultado. Ahora la ‘megacomisión’ de su autodenominado sucesor, pese a los dos millones de soles que ya lleva gastados, parece que está naufragando sin siquiera haber podido concluir con su trabajo.

En realidad, el motivo por el cual fracasan ese tipo de comisiones es claro: si uno empieza una indagación con una acusación ya decidida de antemano, entonces no va a actuar con objetividad y, tarde o temprano, va a atropellar los derechos de los investigados.

Incluso, los que presiden esas comisiones terminan convirtiéndose en vehículos partidarios ya que, cada vez que el Gobierno necesita desviar la atención, ellos obedientemente terminan filtrando documentación o algún dato. Así tenemos que los informes preliminares –redactados exclusivamente por asesores y activistas sin participación de parlamentarios– que han entregado por lo bajo en diversas ocasiones a los medios de comunicación siempre coincidían con algún destape contra el Gobierno o con una nueva encuesta reiterando la creciente desaprobación del mandatario.

Por otro lado, en el caso de este gobierno, se ha magnificado la utilización política de los entes de fiscalización. Así, a la ‘megacomisión’, creada ex profeso para inhabilitar políticamente a García, se suma el procurador anticorrupción, quien solo parece actuar y entusiasmarse cuando el involucrado es un opositor. Más aún, en sus declaraciones públicas y en su accionar muestra una tremenda parcialidad, por lo que termina desacreditando la labor que viene realizando.

Al final, no tienen ninguna credibilidad las investigaciones en las que tanto Tejada como Arbizu se han embarcado, al ser evidentemente vendettas políticas ejecutadas por ‘comisarios’. Lo cual nos está llevando en la práctica al reino de la impunidad porque, ante la escandalosa falta de transparencia de los encargados, todo el sistema de fiscalización del Estado termina totalmente desprestigiado.