La Contraloría General de la República solicitó abrir proceso administrativo a 29 exfuncionarios públicos, al considerar que incumplieron su labor de garantizar la presentación del santuario histórico de Machu Picchu y lo pusieron en riesgo de ingresar a la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro.
La medida se basa en los resultados de cuatro auditorías que determinaron la urgencia de poner en práctica 93 recomendaciones a ser implementadas por los ministerios de Cultura y del Medio Ambiente, y los municipios del distrito de Machu Picchu y de la provincia de Urubamba, con lo que se podría revertir la actual situación del santuario.
La entidad fiscalizadora determinó que existe una débil gestión de las instituciones y autoridades responsables de garantizar la conservación y la preservación del mencionado santuario inca.
Añadió que hay una sobrecarga de afluencia de público que afecta las estructuras que ocasiona un incremento en la generación de residuos sólidos y altera la flora y fauna que forman parte del atractivo de Macchu Picchu.
Además, los auditores verificaron que existen poblaciones asentadas sobre los monumentos arqueológicos de Torontoy, incluso con instalaciones eléctricas en su interior, y que la municipalidad distrital de Machu Picchu adjudicó lotes a los pobladores en zonas intangibles y el Sernanp no ha adoptado las acciones legales para que se anulen estos títulos.
Según la Contraloría, el valor natural del santuario también se encuentra en riesgo, debido a que el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) incumplió con el plan maestro que tiene como uno de sus principales objetivos garantizar la diversidad biológica de esta área natural protegida.
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