Mariella Sausa
A los 12 años, Ricardo se aburría en el colegio y se escapaba cada vez que tenía oportunidad. “De la puerta nomás miraba pa’ adentro y me daba pánico entrar”, recuerda. Admiraba a sus primos, dos adultos de 25 y de 30 años, actualmente presos en el penal de Trujillo por homicidio y extorsión, con condenas que van desde los 15 hasta los 20 años de cárcel. “Ellos usaban buena ropa, zapatillas de marca, buenas cosas. Me llevaban a todos sitios y me enseñaban muchas cosas, como a tomar, a robar y a pelear”, recuerda.
Pese a que Ricardo conocía los peligros de involucrarse en el mundo delictivo, se sentía atraído por las comodidades que allí podía encontrar. Así, a los 13 años ya se dedicaba a la venta de armas. Pero quería más. Por eso, un día, junto a un amigo, robó una moto y disparó un arma contra el dueño del vehículo. No tenía intención de matarlo, pero lo hizo y no tuvo remordimientos. Después de eso se convirtió en sicario y terminó en un centro de rehabilitación juvenil de Lima.
Alicia es otra infractora adolescente. Ella está recluida en el Centro Juvenil Santa Margarita, en Lima. Pese a que le gustaba el colegio, abandonó los estudios en cuarto año de secundaria, luego de que sus padres se separaran y su madre se fuera al extranjero a trabajar. A cargo de su abuela y sin vigilancia, Alicia intensificó su amistad con miembros de una banda delictiva y fue metiéndose en ese mundo, influenciada por su pareja. “Me había gustado a mí la adrenalina, el peligro… yo veía que todo era emocionante y dije: a este mundo me meto”, indica.
Alicia empezó arrebatando un celular a una pareja y luego fue involucrándose en actividades más complejas. “A mí me gustaba ser marcadora”, dice, aunque también vendió droga, trasladó armas y finalmente fue detenida por extorsión. Ella pensaba que por ser mujer y menor de edad la dejarían libre, pero se equivocó.
CRIMEN DIFERENCIADO
Estos dos testimonios forman parte de la investigación “Justicia juvenil diferenciada” realizada por el Ministerio de Justicia en alianza con el Programa Conjunto de Seguridad Humana de las Naciones Unidas.
Según esta investigación, en el Perú, cada vez se registran más casos de jóvenes que participan en actos delictivos: se ha pasado de 1,716 infractores registrados por la Policía en el año 2003 a 4,122 en 2013; es decir, en 10 años el registro de adolescentes infractores ha crecido en 140%.
Víctor Quinteros Marquina, director general de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia, indicó que la cifra de adolescentes recluidos en centros juveniles aumentó en 13% en los últimos años, pues en el sistema cerrado pasó de 1,944 infractores, en 2015, a 2,186, en 2017. En tanto, en el medio abierto, en el mismo periodo, se pasó de 1,312 adolescentes infractores a 1,483.
La infracción más cometida por los jóvenes es robo agravado (42.8%), seguida por violación sexual (12.7%), robo simple (8.7%), homicidio simple (7.7%) y tráfico ilícito de drogas (4.8%), entre otras. Sin embargo, la situación varía por regiones, pues en La Libertad también la extorsión y la tenencia ilegal de armas alcanzan juntas un porcentaje preocupante de casi 30%, y en Cusco el delito de mayor recurrencia es la violación sexual, que logra un 41.2%.
Los tipos de infracciones también varían según el género. Quinteros refirió que, entre las adolescentes mujeres figuran otros delitos, como el parricidio (7%), que no aparece entre los varones. “Este último tendría relación con el alto porcentaje de mujeres que abandonó su hogar antes de los 15 años por violencia familiar y que llega al 47%”, sostuvo.
POBREZA Y DESIGUALDAD
Pero hay más indicadores preocupantes. Julio Corcuera, coordinador de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, refirió que 9 de cada 10 infractores juveniles no terminaron la educación básica completa, con lo cual perdieron un factor protector para ingresar al mundo criminal. De ese universo, el 30% abandonó la escuela porque no le gustaba estudiar.
Y hay más. El 80% de los jóvenes recluidos consume alcohol y el 59%, drogas. En tanto, 8 de cada 10 jóvenes trabajaron antes de ingresar a un centro juvenil, la mitad en empleos precarios y un 39% antes de cumplir los 14 años.
Elena Zúñiga, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), refirió que estas cifras demuestran que la mayor parte de estos jóvenes infractores está en el círculo vicioso de la pobreza y se ven expuestos a situaciones difíciles por problemas económicos, familiares y de violencia.
Frente a ello, señaló que la política pública debe ser muy fuerte para trabajar en mantener a los chicos en las escuelas. “Subsanar las deficiencias del sistema educativo es clave, pues aún hay muchos chicos que deben trabajar antes de ir a la escuela o tienen situaciones de anemia o desnutrición que limitan sus actividades de aprendizaje”, anotó.
En tanto, Quinteros sostuvo que el estudio da cuenta también de cómo la familia y el entorno comunitario influyen en la conducta de los adolescentes, pues un 40% de infractores refirió que tiene un familiar preso y el 60% dijo que un amigo suyo cometió alguna infracción. “Sin embargo, los jóvenes recluidos reconocen que están mal influenciados y el desafío es trabajar para que no cedan al delito por la presión del entorno”, aseveró.
Tenga en cuenta
- El 15% de los adolescentes recluidos en un centro de rehabilitación juvenil ya son padres o madres de familia. En tanto, la segunda causa de reclusión de estos menores es la violación sexual.
- Elena Zúñiga, representante del UNFPA, dijo que, aunque estos indicadores parecen muy distintos, dan cuenta de una problemática que está afectando a los jóvenes peruanos: la falta de acceso a información oportuna sobre la salud sexual y reproductiva.
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