César Takeuchi
El presidente encargado del Poder Judicial, Vicente Walde Jáuregui, pidió a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) que investigue las decisiones judiciales de los magistrados Ismael Orozco Huayanay y Ángel Mendivil Mamani que permitieron la liberación de 41 personas acusadas de integrar las bandas Los Monos de Quepepampa y Los Norteños y Guarayos.
A través de un comunicado, Walde pidió a la jefa de la OCMA, Ana María Aranda, que tome conocimiento de los hechos y que informe, a la brevedad, “si existen indicios de que los citados jueces hubiesen incurrido en inconducta funcional”. Recordó, asimismo, que en ambos casos se trata de resoluciones que no son definitivas y que han sido apeladas en instancias superiores.
En el caso de Ismael Orozco, de la Corte de Huaura, este desestimó el pedido de 18 meses de prisión preventiva que había solicitado el Ministerio Público para los 27 miembros de la organización Los Monos de Quepepampa, entre los que se encontraba el jefe de la comisaría de Chanchay –mayor Antonio Prieto– y dos suboficiales en actividad.
El juez argumentó que las pruebas presentadas por el fiscal Luis Salas Ostos no eran proporcionales. Por tal motivo, decidió darles comparecencia restringida.
Un caso similar es de Los Norteños y Guarayos. El juez Mendivil Mamani aceptó como verídicas las pruebas que presentaron en contra de los 12 detenidos. Sin embargo, les impuso una caución de S/10 mil para que continúen su proceso en libertad. Aquí figura Julio Mattos Vela, exjefe de Inteligencia del Grupo Terna de Madre de Dios.
PRUEBAS CONTUNDEN
Al respecto, el viceministro del Interior, Rubén Vargas, recalcó que ha seguido de cerca ambos casos y enfatizó que han presentado todas las pruebas que confirmarían la culpabilidad de los acusados. En el caso de Los Monos de Quepepampa, refirió que estos venían sembrando terror en Huacho, Chancay, Huaral y Barranca desde hace más de 10 años. “No sé qué carajos le pasó a este juez para tener ese razonamiento. ¿O cuáles son los intereses que están detrás de estas decisiones judiciales?”, afirmó Vargas muy ofuscado.
De igual forma, Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado, informó que el trabajo de inteligencia realizado se ha basado en interceptaciones de llamadas telefónicas legales, agentes infiltrados y documentación probatoria. Dijo que esto ha permitido determinar la participación de los mayores Antonio Prieto Torres y Julio Mattos Vela en actos delictivos.
Asimismo, en relación al pedido de prisión preventiva, aseveró: “Hay una casación N°626 de la misma Corte Suprema que no exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos”.
En otro momento, el ministro del Interior, Carlos Basombrío, manifestó: “El daño ya está hecho. ¿Quién cree que estos angelitos van a ir a los juicios en libertad? ¿Qué se va a presentar esta gente que va a ir a 35 años de cárcel probablemente?… Por favor. Estos angelitos ya se han escondido y se deben estar reorganizando en otro lugar del país”.
SUS ANTECEDENTES
El general Miguel Núñez, jefe de la Dirincri, explicó que, al momento de su captura –el 13 de octubre–, a Los Monos de Quepepampa se les incautó seis pistolas, una escopeta, tres autos, S/50 mil en efectivo, drogas y documentos relacionados a la extorsión.
Sostuvo que esta banda mató, en setiembre del 2012, a Luis Linares García y Alberto Ganosa Gonzales en una pollería. Asimismo, el 30 de mayo del 2015, en Huaral, asesinó a Willy Mendoza Guillén y Juan Oriundo Velarde. Y el 6 marzo ultimó a Ricardo Nario Gonzales en la discoteca Damarys de Chancay.
Por último, señaló que el cabecilla de esta organización, Luis Morales Arguedas ‘Mono’, pese a ser liberado por el juez hace unos días, ha vuelto a ser capturado porque tenía una requisitoria por sicariato.
OTROS CASOS
El 19 de mayo, cinco ‘marcas’, integrantes de la banda Rápidos y Furiosos, fueron liberados por el Poder Judicial debido a que la denuncia que los incriminaba llegó “fuera de tiempo”.
En julio se dispuso la liberación de José Luis Muñoz Chueca, Carlos Cruz Risco y Renzo Tovar Sánchez. Estos personajes fueron los que asesinaron, el 27 de ese mes, a la cambista Gloria Aguirre Vega, en San Isidro.
En agosto, el Poder Judicial liberó a William Giovanni Pesantes Tenorio (26). Él era uno de los criminales más buscados del país y estaba acusado por los delitos de extorsión y robo agravado.
La Corte Superior de Justicia de Lima destituyó, en setiembre del 2015, a la jueza Haydeé Vergara Rodríguez por dejar en libertad a 54 sujetos acusados por el delito de usurpación de una vivienda en el distrito de Lince.
El 7 de junio del 2014, la Policía detuvo a Javier Arturo Terán Florián por disparar contra dos policías en San Miguel. Días después, este sujeto fue liberado por disposición del Poder Judicial.
Análisis de Marcos Ibazeta // Expresidente de la Sala Penal Antiterrorismo
“El país está podrido, pues hay corrupción no solo en el sector judicial, sino también en el político, el económico y el social. Las organizaciones delictivas han corrompido todo el sistema. Ahora, los jueces siempre somos amenazados, pero nosotros tenemos que asumir nuestra función, pese a los riesgos. Los jueces, los fiscales y los policías están a merced de la delincuencia, que no solo ha crecido, sino también se ha infiltrado y ha corrompido a las instituciones con una facilidad increíble.
El sistema judicial es una ‘torre de Babel’, pues no se entienden los magistrados entre ellos. La Corte Suprema no se ha preocupado en sistematizar los criterios de interpretación a través de la jurisprudencia. Es por eso que cada juez valora como le da la gana los medios de prueba y los hechos. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Se debe fortalecer las instituciones judiciales, sistematizar los criterios jurisprudenciales y sacar a los malos jueces.
Ahora, en el ámbito policial, se debe trabajar a nivel científico para que los delincuentes no tengan escapatoria. De lo contrario, el sistema seguirá podrido, seguirá siendo tierra de nadie.”
Ángel Mendivil afirma que se somete a cualquier investigación
El magistrado Ángel Mendivil Mamani, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, aclaró que la Fiscalía no apeló 11 de las 12 medidas de comparecencia restringida que dictó a los supuestos integrantes de la organización criminal Los Norteños y Guarayos.
Refirió que el Ministerio Público solo expresó su inconformidad en el caso del mayor Julio Mattos Vela –ex jefe de Inteligencia del Grupo Terna de Madre de Dios–, la misma que será revisada por la Sala Penal de Apelaciones Nacional.
Reiteró, asimismo, que el pedido de prisión preventiva efectuado por la Fiscalía contra dicho oficial carecía de “suficientes elementos de convicción para dictar la drástica medida”.
Sostuvo que solo se presentaron dos “testigos de oídos”, los que informaron que “no les consta la participación del referido oficial”. También mostraron un reporte de registro telefónico, cuya indagación no concluye, y la declaración de un policía, que no ha sido corroborada.
“Niego cualquier irregularidad en este caso, pues he actuado con respeto al debido proceso y al derecho a la defensa que tienen los imputados… Me someto a cualquier investigación”, sostuvo mediante nota de prensa.
En tanto, buscamos la versión del juez Ismael Orozco –de la Corte de Huaura– a través de los canales regulares. No obtuvimos respuesta. Nos informaron que todo el día ha estado ocupado en audiencias.
Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.