Alerta. El contrabando en Latinoamérica mueve más de US$ 80 mil millones, lo que representa entre el 0,9% y 2% del PBI de los países afectados. Así se reveló durante la Segunda reunión de la Alianza Latinoamericana Anti Contrabando (ALAC), realizada en Santiago de Chile y a la que asistieron representantes de 15 países de la región.
Las mesas de trabajo se reunieron para debatir sobre las soluciones adecuadas que se deben implementar para que esta situación disminuya notablemente durante este año, ya que los rubros textiles, medicamentos, cigarrillos, licores, hidrocarburos, metalmecánica, entre otros, son los más afectados.
El contrabando se incrementa
La delegación peruana estuvo representada por Adolfo Bernui, Secretario Técnico de la Comisión de Lucha Contra el Contrabando y Piratería presidida por el Ministerio de la Producción (Produce), quien indicó que durante el año 2016 se logró incautar casi S/1,133 millones en productos ilegales. También precisó que las mercancías más decomisadas fueron zapatillas, carteras, medicamentos, cigarrillos licores, juguetes, perfumes, lentes, productos de higiene, cosméticos, entre otros productos de consumo.
Bernuir explicó que la situación de Perú no es muy diferente al escenario de otros países, donde se evidencia que el contrabando se viene incrementando y se deben tomar acciones de manera inmediata con un franco compromiso de la asociación público privada. Según estimó, el contrabando, piratería y falsificación representa US$2.000 millones de pérdidas al año para el Estado.
La Alianza Latinoamericana Anti contrabando (ALAC) es una iniciativa del sector privado para colaborar con los gobiernos de la región en la reducción de este delito. Para este propósito la ALAC buscará ser ese catalizador que facilitará el intercambio de información y generará alianzas estratégicas que trasciendan las fronteras de los países y la diferencia de roles entre los sectores público y privado.
Las soluciones que se entregaron al finalizar el evento se centraron en el trabajo conjunto entre los distintos organismos de cada país, con el fin de generar proyectos que involucren el sector privado y público.
También se hizo énfasis en la importancia de generar contenido que permita educar a la ciudadanía frente a la problemática del contrabando, por medio de redes sociales y el uso de tecnología.
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