Ni una menos: Lo bueno y lo malo del nuevo decreto para evitar feminicidios

El Ejecutivo publicó hoy un Decreto Legislativo que busca fortalecer la lucha contra el feminicidio , la violencia familiar y la violencia de género.

La norma indica que “será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer por su condición de tal en caso de: violencia familiar; acoso sexual y cualquier forma de discriminación contra la mujer”.

Además, la norma contempla hasta la cadena perpetua para quienes incurran en situaciones agravantes en el mismo crimen. En un país como el nuestro donde los casos de feminicidio son cada vez más recurrentes y muchos quedan impunes vale plantearse esta pregunta: ¿Es suficiente la publicación de la norma? Y también esta otra: ¿Se debe implementar un mecanismo para asegurar el cumplimiento de la misma?

Perú21 se comunicó con la abogada Fátima Toche, quien señala que la norma es un paso adelante en la lucha contra la violencia de género, pero espera que el Congreso no se oponga ya que la norma ha sido dictada dentro de las facultades legislativas que se le otorgó al Ejecutivo.

Asimismo, sostuvo que espera que los jueces, fiscales, policías y el sistema judicial se apropien de la norma y la apliquen correctamente.

La abogada indicó que en casos de feminicidios, que se han procesado, no han habido falta de normas sino que las pruebas y la situación en sí no han sido interpretadas correctamente y eso ha determinado que se considere como una lesión leve, logrando que el agresor termine libre o con penas menores.

Toche añadió que la única salida para detener la violencia contra la mujer es la educación desde la más temprana edad, por lo cual lamenta que se haya dado marcha atrás con la currícula escolar y la igualdad de género, pues estas podrían salvar a los niños de ser posiblemente adultos violentos. Concluyó que se debe hacer un trabajo paralelo educativo con la sociedad civil para poder tener un avance real que reduzca el índice de feminicidio.

Falta la implementación

Por su parte, Cynthia Silva abogada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS)indica que se ha hecho una modificación que precisa la protección penal de las víctimas de violencia.

Silva sostuvo que las mujeres se atreven más a denunciar y esto genera un desafío para los servicios que el Estado ofrece, porque si bien desde noviembre del 2015 se cuenta con un marco legal mucho más protector con las mujeres, al Estado le falta:

1. Capacitar a nivel nacional a todos los operadores que intervienen en la atención de estos casos
2. Presupuesto para los servicios que ofrecen
3. Una articulación entre las entidades involucradas en la atención de las víctimas de violencia.

Silva remarcó que no es suficiente establecer penas altas para aspirar a la erradicación de la violencia de género, sin embargo, indicó que estas dan un mensaje más claro y contundente.

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