Rosa María Bartra: “El premier es el responsable de conducir su gabinete” [Entrevista]

Por Mariella Balbi
Periodista

Es químico farmacéutica y abogada, vivió 17 años en Huaraz y postuló a la gobernación de Áncash. Niega cualquier hostilización del fujimorismo hacia el Ejecutivo y reitera que es un deber constitucional realizar el control político desde el Congreso. Cree que la alusión al presidente hecha por el ministro de Economía en su conversación con el contralor lo obliga a renunciar.

¿El contralor va o no va?

La Comisión Permanente ha formado un grupo de trabajo al respecto, evaluará todos los elementos necesarios y dará una recomendación. En base a esto la comisión acogerá o no lo que plantea el grupo de trabajo.

Hay parlamentarios que piensan que el contralor debe renunciar. ¿Usted?

No he revisado sus planteamientos como para decir que debe irse. Para tomar una decisión tan importante como la destitución del contralor hay que hacer una investigación muy prolija. Una denuncia a través de los medios no aporta lo necesario para tomar una resolución como esa. Siempre hay que ver lo mejor para el país.

Al contralor le cuestionan haber comprado tantos autos.

Se debe ver cuándo fue esto y si los hechos ocurrieron cuando era gerente de la Contraloría, etc. Además, precisar los periodos y los impedimentos para realizar ciertas actividades. En base a ello se tomará una decisión. Reitero, la investigación debe ser prolija porque también se busca deslegitimar a la institución. El control disgusta, más aún cuando se realiza como corresponde. En ese caso la Contraloría va a resultar incómoda. Varias veces me he preguntado qué hubiera pasado si el contralor no cuestionaba la adenda de Chinchero. ¿Las denuncias habrían salido con tanta intensidad si el informe era favorable? El origen de los cuestionamientos es claro y no podemos prestarnos a un cargamontón. Que se investigue sin ánimo de blindaje.

¿Hasta el momento el trabajo de Contraloría le parece adecuado?

Me parece que a diferencia de gestiones anteriores, la Contraloría está haciendo su trabajo.

¿Qué piensa sobre la conversación grabada entre el ministro de Economía y el contralor?

Es lamentable. Varios de mis colegas y yo hemos pedido la renuncia del ministro Thorne.

¿Por qué? ¿No están cayendo en la ‘renuncitis’?

El ministro puede explicarse en una comisión o responder un pliego interpelatorio. En la conversación el ministro Thorne transmite al contralor un mensaje del presidente para que su informe salga en un sentido. Y esto como un intercambio a la dación de un presupuesto. Es muy delicado. Por eso creo que debería renunciar. Es peligroso poner al presidente en un tema de investigación y traer su intervención a la discusión nacional. Podría poner en riesgo la democracia en nuestro país y, definitivamente, alterar la estabilidad democrática.

¿Si Thorne renuncia ‘salvaría’ al presidente?

Asume una responsabilidad política y preserva la estabilidad democrática.

¿La Comisión Permanente va a escuchar el audio Thorne-contralor?

Creo que debe escucharse en el espacio que sea pertinente y se valore. Pero quién lo tiene, quién grabo.

¿Cuál es su intuición de ‘Sherlock’ Bartra?

No voy a especular. Pero ¿el audio está completo. Se le hace una pericia? Me parece que esta discusión no debe formar parte del momento político. Estando el presidente de por medio, para preservar la institucionalidad, el ministro de Economía debe renunciar.

En el audio se escucha al ministro decir que le dijo al presidente que el contrato estaba hecho a la medida de Kuntur Wasi y que no era bueno.

Hay muchas cosas por explicar. No tenemos claro si el Estado, que realizará la remoción de tierras, también se ocupará de la construcción y otro de la operación. Tampoco es claro si la resolución del contrato fue por mutuo acuerdo, si pagará a Kuntur los 40 millones invertidos. Quedan pendientes muchas respuestas que debe responder el ministro de Transportes.

La mayoría fujimorista atraviesa un impasse; si interpelan al ministro de Economía, aparecerán como viciosos y adictos a la interpelación.

Las cifras indican que no somos un Congreso que interpela demasiado ni trae constantemente a los ministros. Estamos debajo del nivel de otros gobiernos. El actual régimen cree que son constantemente interpelados, que somos obstruccionistas y esto lo difunden muchos medios equivocadamente. La interpelación es una herramienta de control político. En 2006-2007 fueron 70 ministros al Pleno. En 2011-2012 tuvieron 66. En 2016-2017 son 45. Veamos las visitas de ministros a comisiones ordinarias: 2006-2007 hubo 175. En 2011-2012 fueron 175. Para 2016-2017 tuvimos 133. Interpelaciones en 2006-2007, mociones de interpelación siete, aprobadas dos. 2011-2012 fueron cuatro, aprobadas tres. Y en 2016-2017 son dos. Nosotros tenemos más votos cierto, pero no estamos interpelando más. Eso es una falacia.

¿Thorne también puede ser interpelado?

Antes de pensar en la interpelación o no de Thorne, este debería evaluar la posición tan frágil en la que puso al presidente y renunciar. De no hacerlo, valdría una interpelación para que responda. Si no le importa la situación en la colocó al presidente, que asuma el peso de sus palabras en ese audio y que responda. Pero primero vendrá a la Comisión de Fiscalización el 14 de junio.

¿Les afecta tanta crítica o les llega?

Cumpliremos con el encargo del pueblo peruano: representación, legislar, hacer fiscalización y control político.

Usted le dijo al premier nada más y nada menos que llorón.

Él mostró su malestar por la labor del Congreso y fue desafortunado e irrespetuoso. La presidenta del Congreso le pidió que se disculpara. El premier es el responsable de conducir a su gabinete y este hace agua por todos lados, mire los casos del ex ministro Vizcarra, de los titulares de Salud, del Interior, Defensa. Algo no va bien en el gabinete. Por eso dije que en lugar de lloriquear, el premier debe ponerse a trabajar y conducir su gabinete. Tenemos un presidente errático, un día da un mensaje y al siguiente lo cambia para volver a modificarlo. Quien debe asegurar al pueblo peruano que las decisiones se van a tomar es el premier. Pero en lugar de articular, tender puentes adecuados o dar las explicaciones que corresponden, se queja del rol constitucional que ejerce el Congreso.

Es duro decirle que deje de lloriquear.

Puede serlo, pero corresponde genuinamente a la actitud del premier Zavala. Hay una serie de problemas en muchas carteras que le corresponde articular y dirigir. Hemos presentado la interpelación del ministro del Interior. Tenemos graves problemas en Salud. La ministra no ha sido capaz de articular políticas públicas para mejorar la atención en los hospitales, que se pagará la deuda del SIS. En Chepén, en emergencia sanitaria, llegaron las fumigadoras contra el dengue hace 15 días, cuando la curva de la epidemia está en descenso.

¿Debería ser interpelada también?

Aún no se ha presentado una moción. La cantidad de muertos, la pésima atención sanitaria, la corrupción, la crisis en el INEN ameritan que la ministra dé respuestas. Ella ha venido varias veces a la Comisión de Salud y casi nunca contestó satisfactoriamente. Personalmente pienso que debería ser interpelada.

¿Hay convicción sobre ello en su bancada?

No lo hemos debatido. Hay una preocupación real por la mala conducción del sector. Algunos congresistas pensamos que se la debe interpelar para pedir explicaciones sobre temas concretos. El encargo que me dieron mis electores es realizar el control político. He sido regidora, creo que si los regidores, consejeros, parlamentarios hubieran fiscalizado, realizado control político, no tendríamos tantos problemas de corrupción. A costa de que nos acusen de ‘interpelacionitis’ vamos a cumplir con el encargo del pueblo peruano.

Probablemente la mayoría fujimorista considerará que el ministro del Interior no respondió satisfactoriamente a las preguntas. ¿Lo censurarán?

Primero habrá que escucharlo.

Ningún ministro ha controlado la delincuencia, ¿por qué a este se le exige tanto?

Él responderá a los cuestionamientos sobre temas complejos como la articulación con otros sectores y temas más cotidianos.

¿Qué es lo peor de la gestión de Carlos Basombrío?

En La Libertad se implementaron tres programas pilotos de ‘Barrio Seguro’. Pero la seguridad no ha mejorado. Los fiscales de crimen organizado de Trujillo le pidieron protección y no les ha contestado.

¿Por eso se censura a un ministro?

Se pregunta, se pregunta. También temas triviales como que en el Twitter del Ministerio haya un cojín con el dibujo de una ardilla y ponen quiero tenerte en mi cuarto. Hay muy poco profesionalismo desde la cosa más simple a la más compleja.

¿Cuál sería una razón de peso para traerse abajo a un ministro?

Hay temas altamente sensibles que piden la respuesta del ministro, como las violaciones en Huánuco, las marchas del Movadef y un posible rebrote del terrorismo y cuál es la respuesta que está teniendo, que venga y explique.

¿Honestamente hay consenso en censurarlo?

Honestamente, y no es cliché, dependerá de las respuestas que dé.

Sobre la interpelación a Basombrío, el presidente dijo que en el Congreso “hay saña y un tono que no corresponde a una sociedad democrática”.

Ya estamos acostumbrados a que el presidente haga afirmaciones desafortunadas, es una más. Debe comprender que en democracia el Congreso realiza el control político. Dice que su ministro absolverá las preguntas, cuál es la preocupación y para qué calificar con adjetivos el rol del Congreso. Complicado entender cuál es el tono que quiere el presidente. Puede que mañana cambie de opinión, es impredecible.

¿Cómo lee usted el caso Chinchero?

Es un proyecto que nació mal. El contrato era lesivo para el país, pervirtió la Asociación Público Privada. Trasladó el riesgo financiero y la responsabilidad de ejecución al Estado, el privado respondía solo por el 20% y se hacía de la concesión por 40 años. La adenda pudo corregir los vicios del contrato, pero los convalidó y se hizo más lesivo aún. Para defender la adenda con la energía que lo hicieron y dar las increíbles explicaciones escuchadas tienen que existir intereses muy poderosos detrás. ¿De quién, de quiénes? No podría especular. Pero había otros intereses que no eran los del Cusco ni del país.

¿Hay corrupción?

No sería nada extraño. Los megaproyectos de 2004 a 2016 están plagados de corrupción. Y los proyectos del Cusco también. El denominador común es un marco legal ad hoc para imposibilitar o dificultar la competencia.

¿Cuestiona el nombramiento de Fiorella Molinelli en el Ministerio de Vivienda?

Sí. Ella fue viceministra de Transporte, firmó la adenda Chinchero y la defendió siendo lesiva a los intereses del Estado. Al rescindirse el contrato se da la razón a quienes cuestionábamos la adenda. Dudamos de su idoneidad como funcionaria. El gobierno es poco prudente con estos nombramientos y valora poco lo que el pueblo peruano cuestiona. Le encargan un viceministerio que maneja un presupuesto altísimo. Cuál será su nivel de responsabilidad.

El contralor señaló que hay auditorías contra los ministros de Educación y de Vivienda por el caso de las computadoras.

Nosotros estaremos vigilantes ante cualquier irregularidad. Contraloría cuestiona también la Línea 2, los Panamericanos y otros. Por eso debemos ser absolutamente escrupulosos con la investigación al contralor. Nosotros no lo elegimos. Su remoción dependerá estrictamente de las pruebas aportadas. Hay que escucharlo también.

¿Qué sería una falta grave para la destitución del contralor?

No voy a adelantar opinión al respecto.

El proyecto de ley de la mayoría para impedir que las empresas socias de Odebrecht contraten con el Estado tiene nombre propio: Graña y Montero.

Es una de las empresas, hay otras. El Decreto de Urgencia N° 003 no cautela los intereses del Estado. No toca a las empresas que no admiten su responsabilidad y no propone un mecanismo para garantizar una reparación civil. La Procuraduría se queja de esto. ¿Para qué se dio el decreto N° 003? No sé por qué lo defiende la ministra de Justicia.

El congresista Mauricio Mulder dijo que la comisión que usted preside, Lava Jato, avanzaba muy lento.

Yo entré a mediados de abril y hemos avanzado a un ritmo bastante intenso, sesionando tres veces por semana. Aún no se decide si pediremos 180 o 360 días de ampliación de plazo. Hemos solicitado levantar el secreto tributario, bancario, bursátil y de las comunicaciones de aproximadamente 153 personas. Estoy segura de que desde el Parlamento el país conocerá la verdad. Queda claro que hubo un pacto colusorio con el más alto nivel para facilitar la corrupción. Hablamos de tres gobiernos.

¿Qué pruebas han encontrado contra el gobierno del Apra?

No voy a adelantar nada. Conversamos en el penal con los señores Luyo y Cuba, ex funcionarios del gobierno aprista, la sesión fue secreta.

¿Han involucrado al alto nivel del gobierno del Apra?

Sí. No puedo responder a quién. Venimos investigando la planta de Huachipa, el Centro de Convenciones, la Línea Amarilla, citaremos a Susana Villarán para que se explique. Son 40 megaproyectos los investigados, estamos avanzando.

Han citado a Nadine Heredia para la próxima semana, ¿para qué?

Para que responda por ciertos actos que ella ha conocido y que estamos investigando. Estuvo muy involucrada, participaba en algunas reuniones, hay delaciones que la señalan como receptora de dinero de las empresas brasileñas. No le diré qué le vamos a preguntar.

¿El presidente Kuczynski será investigado por la comisión Lava Jato?

Sí. Esto se acordó antes de que yo ingresara. Lo visitaremos en Palacio, su testimonio es bastante importante. Él fue premier y dio normas relevantes.

¿Cómo evalúa el trabajo de la Fiscalía en este tema?

Preocupa que se les haya caído la prisión preventiva de Moreno. Hay algunos hechos que indican que no estaría poniendo el rigor suficiente.

“FP quiere trabajar la reforma electoral, pero no podemos imponer”

¿Si el premier lloriquea, como usted dice, debería ser cambiado?

Él debe hacer su trabajo y estar al frente del gabinete.

Hay un drama con la reforma electoral en el fujimorismo…

Sí, hay un drama, pero absolutamente innecesario. Yo he formado parte de ese grupo de trabajo de reforma electoral…

¿Se siente marginada, frustrada, porque no se discute?

¿De qué? Me resulta difícil comprender que, desconociendo el reglamento del Congreso, se pretenda que la comisión y luego el pleno aprueben, tal cual está, un informe de un grupo de trabajo. He formado parte de ese esfuerzo por conseguir consensos entre las fuerzas políticas…

¿Y por qué no discutir sobre esa base?

Siendo consciente de que nuestro país requiere una reforma electoral, también sé diferenciar lo urgente de lo importante. Tenemos una elección en 2018 que no debe repetir los errores pasados. Hay que empezar por lo urgente. El debate sobre el cronograma electoral ha tomado como base el trabajo del grupo. Fuerza Popular quiere trabajar la reforma electoral, pero no podemos imponer. Debatir toma tiempo. Imagine el que tomaría discutir 420 artículos de la propuesta del grupo de trabajo. O que todos los grupos de trabajo pretendan que su informe sea un dictamen.

¿Qué quiere la congresista fujimorista Patricia Donayre?

Entiendo que quiere que se debata en el orden del documento del grupo de trabajo. Y no se puede. Conversé con ella, me resulta complicado comprenderla.

¿No hay intereses del fujimorismo?

De ninguna manera.

¿Votó a favor de abrirle proceso disciplinario?

Sí. No podemos perder un valor importantísimo: el respeto. Sus expresiones fueron lamentables e inaceptables, como que el congresista Miguel Torres no deja los pañales y el biberón, o que una cúpula impone decisiones. Nos eligieron por voto preferencial y por nuestra organización política. En la primera sesión de bancada, socializamos y aprobamos voluntariamente un reglamento interno que rige nuestros actos. Hubo algunas abstenciones de los congresistas Del Águila y Fujimori.

Donayre ya le pidió disculpas al congresista Torres. ¿Se acaba el proceso?

No. Esto continúa, el comité dará sus conclusiones. Personalmente, pienso que una ofensa pública requiere disculpas públicas.

¿Cuáles son las sanciones, si la hubiera?

Hay sanciones que no puedo comentar porque tengo mi reglamento a la mano.

¿Ud. es del grupito del “mototaxi”?

Sí. Está conformado por el Comité Político. Somos una organización que se precia de serlo, que tiene sus estamentos, un reglamento interno, normas de democracia, un comité político. Lo integran la Mesa Directiva del Congreso, los voceros y algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Es una estructura como la tiene cualquier organización. No una cúpula, ni un grupito.

¿Ana Vega y Pier Figari mangonean a su bancada?

Ellos son los asesores de la presidenta del Congreso y forman parte del Comité Ejecutivo Nacional. Nunca he tenido una imposición.

¿Prefiere a Cecilia Chacón o a Luis Galarreta para la presidencia del Congreso?

No sé si son los voceados. Son personas valiosas, con experiencia, que perfectamente pueden presidir el Congreso. No he hecho una evaluación.

¿Y usted?

Si nuestros 72 congresistas lo quieren. No hay precandidatos aún.

¿Qué puede hacer el fujimorismo para establecer un diálogo con el gobierno? ¿O es imposible?

Hemos sido absolutamente colaboradores. Somos una oposición responsable. Cumplimos con el mandato constitucional del control político. Eso no es intolerancia.

¿Qué autocrítica haría respecto a esta relación tan tirante…?

Desde FP hemos sido absolutamente responsables, hemos hecho todos los esfuerzos. Las leyes presentadas por el Ejecutivo han sido aprobadas. Este debe hacer su tarea, trabajar. El control político sería menos fuerte si el Ejecutivo no estuviera metido en temas de corrupción, de negligencia o de incapacidad.

¿El indulto a Fujimori los acercaría?

Personalmente y mi bancada se lo hemos pedido al presidente Kuczynski. Y lo ratifico. Pero de ninguna manera es un instrumento de negociación. El presidente Fujimori tiene ganado el derecho al indulto y el presidente debe otorgárselo.

Datos

• Rosa María Bartra Barriga es congresista de Fuerza Popular y primera vicepresidenta del Congreso. De profesión es farmacéutica, abogada y profesora.

• La legisladora tiene estudios de maestría en Gestión Pública y Gerencia Social.

• Fue elegida presidenta de la comisión Lava Jato, que investiga las presuntas coimas pagadas por empresas brasileñas, tras la salida de Víctor Albrecht.