El Ministerio Público pidió prisión preventiva contra Benedicto Jiménez y Rodolfo Orellana tras formalizar la investigación preparatoria contra ambos por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
Otras 18 personas que habrían pertenecido a la red del prófugo empresario también son indagadas. Según el coordinador de las fiscalías de Lavado de Activos, Marco Guzmán Baca, la magistrada Barreto hizo el requerimiento el martes ante el Poder Judicial tras cumplirse el plazo de 15 días de detención preliminar de Jiménez, informó el diario El Comercio.
Este pedido deberá ser resuelto por el juez Marco Tejada del Tercer Juzgado Penal Nacional, quien deberá convocar a una audiencia pública para escuchar a la magistrada y a los abogados de los investigados.
El requerimiento fiscal señala que hay suficientes indicios de que Orellana dirigiría, junto con su hermana Ludith, una “compleja organización dedicada al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de terrenos de propiedad del Estado y de particulares, a través de supuestas deudas por préstamos de dinero, laudos arbitrales fraudulentos, empresas liquidadoras y medidas cautelares”.
De acuerdo a la Segunda Físcalía de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio que despacha Barreto Rivera, Jiménez jugaba un rol importante en la red de Orellana a través de la revista Juez Justo, que ejecutaba una campaña de persecución y difamación contra las personas y autoridades que investigaban o denunciaban a la organización.
El pedido de prisión preventiva también alcanza a Jorge Cortez Martínez y Jhonny Vásquez Hummel, presuntos testaferros de Orellana. Ambos estarán detenidos por el caso, mientras que 16 miembros de la organización del empresario continúan prófugos de la justicia.
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