Oficialismo considera que existe interés en desestabilizar al gobierno

El pasado miércoles se difundió un nuevo audio de una conversación entre el primer ministro Fernando Zavala, el vicepresidente Martín Vizcarra, el ex ministro de Economía Alfredo Thorne y el contralor Edgar Alarcón sobre el aeropuerto de Chinchero (Cusco).

En la grabación, que fue difundida por el programa Beto a saber, se escucha a los representantes del Ejecutivo mencionar el impacto del proyecto en otras obras.

Según fuentes de Perú21, la transcripción del audio llegó ayer a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en un sobre anónimo. Las críticas no se hicieron esperar. El vocero oficialista, Carlos Bruce, lo calificó como un “acto mafioso, que coincide con el perfil del contralor”.

“Es obvio que se está jugando sus cartas para impedir que llegue a ser removido”, expresó en diálogo con este diario. Como se recuerda, este lunes la Comisión Permanente decidirá si remueve o no de su cargo a Edgar Alarcón.
Bruce consideró que el contralor es un “chuponeador compulsivo”, a quien culpó “de filtrar esos audios”.

Por su parte, su colega de bancada Juan Sheput manifestó que este tipo de prácticas, relacionadas con enviar sobres anónimos, son “delincuenciales” y son modalidades propias de “los marcas y los extorsionadores”.

En esa línea, consideró que podría formularse una denuncia penal contra el mencionado funcionario. “No podemos avalar un comportamiento delictivo. Este es un insumo para desestabilizar al gobierno”, refirió.

Por su parte, el vocero del Apra, Javier Velásquez Quesquén, afirmó que la grabación no cambia la situación de Edgar Alarcón. “Igual debe ser se removido. Estoy convencido de que él grabó. El Perú no puede someterse al chantaje”, subrayó.

Informe es contundente

Aunque indicó que rechaza las grabaciones entre funcionarios, sí manifestó que espera conocer todo el contenido para tomar una decisión sobre lo que hará el Parlamento.

Desde otra óptica, el abogado penalista Carlos Caro indicó que se puede denunciar el envío de la transcripción para descubrir quién está detrás.
“Hay dos presuntos delitos: uno por coacción, porque hay una amenaza encubierta; y el otro por atentar contra la intimidad, por grabar esta conversación y difundirla”, afirmó.

De otro lado, Alarcón negó ser un “chuponeador” y que haya tenido acceso al citado audio. Resaltó que su preocupación es sustentar sus alegatos ante el Congreso.

“Últimamente soy culpable de todo lo que pasa en el país. Lo que sí denuncio es la extorsión de los ministros para que salga este proyecto”, afirmó en diálogo con Perú21.