20.JUL Sábado, 2024
Lima
Última actualización 08:39 pm
Clasificados
Odebrecht

Gasoducto del Sur en su hora cero: Las irregularidades de la concesión

Presidente del comité evaluador y la representante del consorcio GS vienen siendo investigados por la Fiscalía por las presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría en el otorgamiento de la buena pro a Odebrecht.

Según la Contraloría, el avance real de la construcción y el montaje del gasoducto, al 30 de octubre de 2016, era de 9%. (USI)
Según la Contraloría, el avance real de la construcción y el montaje del gasoducto, al 30 de octubre de 2016, era de 9%. (USI)
Carlos Neyra

Carlos Neyra

@cafeneci

A menos de tres días para que Odebrecht, concesionaria del Gasoducto del Sur (GS), pueda demostrar financieramente que cuenta con recursos para continuar con las obras, Perú21 accedió a un documento de la Contraloría sobre las observaciones que hizo a este polémico proceso y a la carpeta fiscal que investiga las presuntas irregularidades de la concesión.

La primera observación del informe de la Contraloría –emitido el 26 de agosto de 2015– cuestiona la labor de Edgar Ramírez, presidente del comité de selección del proyecto GS de Proinversión. Este funcionario, según la Fiscalía, le envió una carta el 27 de junio de 2014 al representante legal del Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (CGPS) –postor que al final fue descalificado– otorgándole un plazo que vencía a las 9:30 a.m. del 30 del mismo mes para que explicara el cambio de participación porcentual de uno de los integrantes del consorcio.

Lo extraño de todo esto es que Ramírez, lejos de respetar el plazo, envió una segunda carta el mismo 30 de junio pero a las 8:36 a.m. comunicando al consorcio que el comité que presidía había tomado la decisión de descalificar su propuesta.

Actualmente, Ramírez es investigado por la Fiscalía Anticorrupción (Carpeta fiscal 301-2014) por los presuntos delitos de negociación incompatible y colusión. Ello debido a que la consultora de su propiedad, Latin Global Services, brindó servicios a Odebrecht en el año 2012, empresa que junto con Enagás, resultó siendo la ganadora de la licitación como postor único.

En su declaración ante la Fiscalía, a la que este diario accedió, Ramírez acepta que su empresa prestó servicios “en el pasado” a Kuntur y Odebrecht, hasta abril de 2012. En este punto se contradice con el informe del Ministerio de Energía y Minas, que señaló que hizo consultorías para Kuntur hasta octubre de 2013.

En su interrogatorio, Ramírez argumentó que decidió descalificar al CGPS luego de recibir los informes legales de dos estudios de abogados que argumentaron que procedía su descalificación.

Por ello, la Fiscalía indaga la intervención del asesor legal del comité, José Guzmán Zegarra –esposo de la congresista fujimorista Úrsula Letona–, cuyo informe legal fue utilizado para sacar de carrera al segundo postor (CGPS).

En este caso también se encuentra en calidad de investigada, junto a Ramírez, la representante legal de la empresa Kuntur y firmante del contrato de concesión del Gasoducto del Sur, Claudia Hokama.

En una segunda observación, la Contraloría advierte que se aprobó las bases del concurso sin que estas incluyan un sistema de evaluación que contemple la propuesta más conveniente.

El tercer reparo señala que la versión final (en la que se introdujeron cambios) del contrato de concesión no cumplió con las disposiciones establecidas en las bases y el proyecto del contrato. Se advierte que el comité y la Dirección de Promoción de Inversiones no identificaron si las modificaciones eran sustanciales o insustanciales. Esto es si el operador estaría o no calificado para una tarea de esa envergadura.

La cuarta observación, y quizás una de las más importantes, indica que la evaluación económica financiera del proyecto no guarda relación con los valores proyectados de la reserva de gas. Es decir, que la obra no se justificaba porque no existían las reservas comprobadas.

La quinta observación, vinculada a la anterior, menciona que se puso en el contrato una demanda proyectada que no justifica la dimensión de la obra (de US$7,328 millones) ni el gasto ejecutado.

Así las cosas, si hasta este lunes Odebrecht no encuentra apoyo financiero para continuar con la megaobra, esta revertirá al Estado y se convocaría a una nueva licitación.

Tenga en cuenta

  • Odebrecht, concesionaria del gasoducto, no respondió al pedido de Perú21 para que se pronuncie sobre estos hallazgos y la investigación fiscal.
  • Edgar Ramírez, José Guzmán y Claudia Hokama, a través de su abogado Edgar García del Estudio Oré Guardia, decidieron no responder a la solicitud de réplica de Perú21, formulada a través de llamadas telefónicas y visitas personales.
  • Brookfield, consultado por este diario si llegó a un acuerdo con Odebrecht para adquirir su participación en el gasoducto, dijo que no emitiría opinión.

Si te interesó lo que acabas de leer, recuerda que puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.