Caso Odebrecht: “La situación es muy complicada para los tres últimos presidentes”

La encuesta Pulso Perú de Datum, que publica hoy Perú21, muestra un dato contundente: la gran mayoría de la población (90% Alan García, 88% Ollanta Humala y 88% Alejandro Toledo) cree que los últimos tres presidentes de la República estuvieron involucrados en los casos de sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht para adjudicarse grandes proyectos de inversión en nuestro país.

Para el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, las cifras no sorprenden ya que para los peruanos “es difícil creer” que Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala no sabían de las prácticas corruptas de esta firma durante sus gestiones gubernamentales.

“Es totalmente comprensible lo que piensa la gente. La empresa Odebrecht no solo tenía un contacto directo con las altas esferas en el Perú sino que el mismo Marcelo Odebrecht (dueño de la empresa, hoy preso) venía al Perú y se reunía con los tres últimos presidentes. La gente con razón se pregunta: ¿Acaso los ex presidentes no sabían lo que estaba sucediendo? ¿No tenían conocimiento de esto? Es difícil de creer”, dijo a este diario.

El abogado señala que “la situación es muy complicada sobre todo para los tres últimos presidentes”. Recordó que en “esos tres últimos gobiernos no se implementaron políticas adecuadas de lucha contra la corrupción, no se hizo nada”, y consideró que las acciones corruptas deben venir incluso desde el primer mandato aprista de Alan García.

¿Y PPK?

En relación al actual jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que, aunque un 55% de la población cree que sí estuvo involucrado en los sobornos, habría que esperar qué grado de responsabilidad pudo tener al haber sido primer ministro en el régimen de Toledo, en el cual se firmó una polémica ley que le permitió a Odebrecht seguir participando en licitaciones en el Perú, y adjudicarse en ese momento la concesión de IIRSA norte y sur.

Además, en la encuesta, un 54% cree que la investigación de Lava Jato “quedará en nada” porque el Poder Judicial no sancionará a los implicados. Ante esto, Vargas Valdivia indicó que existen dos problemas: el primero es que el Ministerio Público “no puede comunicar el avance de las informaciones por un problema de confidencialidad”, y el segundo es que la población conoce de la demora de los procesos.

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“Estamos en el 2017 y hay procesos del gobierno de Fujimori y Montesinos. Esto mejorará con el nuevo Código Procesal Penal, que reducirá los plazos, pero igual hay un déficit tremendo. Existe la necesidad urgente de una reforma del sistema de administración de justicia”, concluyó.