Caso Ecoteva: Juzgado suspendió diligencia sobre casa de Alejandro Toledo a través de una llamada telefónica

La medida cautelar que la Fiscalía de Lavado de Activos iba a ejecutar hoy en la mañana sobre la vivienda de Alejandro Toledo en Camacho, La Molina, fue suspendida por una llamada telefónica desde el 16 Juzgado Penal de Lima, instancia que procesa penalmente al exmandatario y parte de su entorno por el denominado caso Ecoteva, según fuentes del Ministerio Público.

El titular de ese despacho, el magistrado Abel Concha, había ordenado la “entrega en depósito judicial” – no iba a realizarse desalojo alguno – del inmueble de propiedad de Alejandro Toledo y de su esposa, Eliane Karp, quienes terminaron de pagar la hipoteca (US$217,007) de ese predio con fondos de la empresa costarricense Ecoteva.

Las fuentes indicaron a Perú21 que el equipo fiscal estaba en camino hacia la vivienda de Toledo cuando recibió el mensaje de que se variaba la disposición judicial, luego de que el juez Abel Concha se reuniera con el abogado del expresidente, Luciano López, en horas de la mañana.

Por ese motivo, representantes de la Fiscalía levantaron un acta de la llamada telefónica para dejar constancia de que la disposición judicial se había dejado sin efecto por orden del mismo 16 Juzgado Penal de Lima. Asimismo, se pidió una notificación formal al respecto y también informar sobre las causas del cambio de la medida.

Consultado por Perú21, el defensor legal de Alejandro Toledo dijo: “No se ha llevado a cabo la diligencia, y no se va a realizar. No es cierto que se haya quitado la casa al doctor Toledo. Por eso es que no ha habido ninguna diligencia hoy en el domicilio de Camacho. Yo me he acercado al juzgado, y se ha decretado que solo haya una inscripción de la medida en el registro correspondiente”.

Como se sabe, el martes último y ayer el Poder Judicial incautó las propiedades a nombre de Eva Fernenbug, suegra del exgobernante, en la Torre Omega y Las Casuarinas –que costaron casi US$5 millones–, las cuales quedaron bajo la custodia de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi). El pedido había sido efectuado por la fiscal especializada Manuela Villar en su denuncia presentada en julio del año pasado.