Piden al Ministerio Público que se investigue a Santos

Gregorio Santos está con la soga al cuello. Ayer, la Comisión de Fiscalización del Parlamento acordó remitir al Ministerio Público el informe sobre las irregularidades cometidas por el presidente regional de Cajamarca en el periodo 2011-2012, a efectos de que “evalúe la apertura y/o formalización de una investigación por la posible comisión de los delitos de patrocinio ilegal, negociación incompatible, colusión desleal, omisión de funciones, asociación ilícita para delinquir y malversación de fondos”.

El documento –que fue aprobado sin debate y por unanimidad– confirma que el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de Proregión, favoreció con la adjudicación irregular de obras a empresas relacionadas con Wilson Manuel Vallejos Díaz, empresario y amigo de Gregorio Santos, por un monto de 90 millones de soles.

Asimismo, ratifica que, a fines de 2011, Santos desvió recursos del proyecto ‘Mejora de la calidad educativa’ para financiar los paros del 9 de noviembre y del 24 de ese mismo mes al 4 de diciembre en contra del proyecto minero Conga, así como una serie de actividades políticas relacionadas con su agrupación política MAS. Por este hecho, el grupo congresal señala que la autoridad regional habría incurrido en el delito de malversación.

IRREGULARIDADES
Estas, sin embargo, no son las únicas irregularidades cometidas por Santos en complicidad con un grupo de funcionarios regionales. Según el análisis económico, financiero y contable efectuado por el grupo de Fiscalización, no existen inventarios físicos de los activos bienes muebles e inmuebles del gobierno regional y, menos, los saldos de balance.

El presidente de la comisión, Gustavo Rondón, destacó la aprobación –por unanimidad– del informe, y declaró que confía en que este criterio se repita en el momento de la votación en el Pleno. Considerando que faltan pocos días para el término de la legislatura, espera que el presidente del Congreso “ponga el tema a debate en la próxima sesión”.

SABÍA QUE

- El informe establece presunta responsabilidad penal en el director ejecutivo y en el jefe de Administración de Proregión, José Panta Quiroga y Juan Coronado, respectivamente.

- Agrega que los consorcios ganadores de la buena pro no estaban calificados ni reunían los requerimientos técnicos mínimos para contratar con el Estado.