21.NOV Jueves, 2024
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Sumatoria de penas

Estamos frente a un concurso de delitos y, además, ante una sumatoria de penas. Contra los padres hay un agravante por el grado de filiación. El primer delito es el de trata de personas, que implica la explotación económica. Hay una gradualidad de penas que no baja de cuatro años y que depende de los daños que haya sufrido el menor durante la explotación, como es el caso de haber sido violado, lesionado o que le hayan provocado la muerte. La pena máxima es de 12 años. Tanto el padre como la persona que lo alquila y lo explota es coautor del hecho delictivo. El otro delito es el de la exposición de personas al peligro, cuando los padres buscan obtener un beneficio económico utilizando a sus hijos. Los exponen a las altas horas de la noche, a una carretera peligrosa, cerca de un prostíbulo o de gente de malvivir. En este caso, la pena es de cinco años de cárcel, y si hay agravantes, es de 12 años. Si hablamos de un alquiler, estamos frente a una contravención del Código del Niño y del Adolescente. La Fiscalía podría intervenir.

José Peláez: “Jueces deben y pueden sumar penas a delincuentes peligrosos”

El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, afirmó que los jueces “pueden y deben” aplicar la sumatoria de penas al momento de juzgar a delincuentes que han cometido varios delitos.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Mendoza, afirmó que en el Perú “no se debe tener temor” a la emisión de sentencias de entre 50 y 60 años de cárcel contra un delincuente de alta peligrosidad porque, dijo, es necesario que estas personas no estén en las calles.

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, afirmó hoy que “no se debe tener temor” a sentencias de entre 50 y 60 años de cárcel contra un delincuente de alta peligrosidad pues es necesario que estas personas no estén en las calle.

El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, planteó hoy el establecimiento de la sumatoria de penas para los delincuentes de alta peligrosidad, tal como existe en otros países, como parte de la “agenda legal urgente” contra la delincuencia en el Perú.