“Mi solidaridad con la honra de las personas perjudicadas, en especial con esta niña inocente, que debe ser reconocida por su padre”. Así de pronunció el cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, respecto al caso del obispo emérito castrense Guillermo Abanto Guzmán, sobre quien pesa una demanda de paternidad.
“El interés superior del niño debe primar por encima de cualquier carrera sacerdotal. Y todos los niños tienen derecho a un nombre”.
“El interés superior del niño debe primar por encima de cualquier carrera sacerdotal. Y todos los niños tienen derecho a un nombre”.
Todos los hijos, incluyendo los hijos de un cura, están protegidos por la ley. El hecho de que el padre tenga un cargo eclesiástico es totalmente intrascendente para la justicia porque primero es el niño. El procedimiento de reconocimiento se encuentra bien delineado en la Ley 28457. Según la norma, las madres pueden acudir a un juzgado de paz letrado de su lugar de residencia para iniciar un proceso de filiación judicial; ya no es necesario recurrir a un juzgado de familia. El demandado tiene 10 días para responder. Si no lo hace, entonces se emite un mandato judicial de paternidad. En cambio, si presenta un recurso de oposición, se suspende la acción legal hasta que se realice la prueba de ADN que confirme o que niegue el vínculo con el niño. Por lo que tengo entendido, en este caso –del obispo Guillermo Abanto Guzmán y de Alexandra de la Lama Luna–, ya se han superado largamente los plazos, por lo que al sacerdote no le queda otro camino sino reconocer a la pequeña.
Monseñor Guillermo Martín Abanto Guzmán fue nombrado obispo castrense del Perú por Benedicto XVI el 30 de octubre de 2012. Hasta ese momento, se había desempeñado como obispo auxiliar de Lima.
La justicia ordenó a un sacerdote de alto rango que reconozca la paternidad de una niña de dos años.