Tras el proceso de regionalización o descentralización, que muchos creen que ha fracasado, los resultados electorales parecen dar la razón. Alcaldes y presidentes regionales son elegidos o reelegidos pese a denuncias o estar encarcelados, y hay candidatos con antecedentes preocupantes. La fragmentación política e institucional regional es evidente y ningún partido logra consolidar liderazgo. Hay más movimientos regionales que partidos políticos ganadores. Preocupa la elección de Santos (detenido) en Cajamarca (economía en declive). Aduviri en Puno y Michael Martínez en Apurímac van a segunda vuelta con discursos antimineros. La tolerancia a la corrupción se muestra en la elección de nuestros candidatos; hay que desterrar de la política la frase “se roba, pero se hace obra”. ¿Será, como dijo Pasquel en El Comercio, que para el elector todos los candidatos son delincuentes?
El pasado 12 de agosto, el ministro del Interior, Daniel Urresti, entregó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una lista de 124 candidatos en todo el Perú que estarían vinculados al narcotráfico.
La elección de las nuevas autoridades regionales podría cambiar el ambiente para las inversiones en algunas regiones del Perú.
El exparlamentario y candidato a la presidencia regional de Apurímac, Michael Martínez, denunció constitucionalmente al ministro del Interior, Daniel Urresti, y presentó una querella por calumnia y difamación, por haberlo incluido en una relación de supuestos aspirantes “narcos” en las próximas elecciones.