22.NOV Viernes, 2024
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Columna Camilo Ferreira

La flexibilización laboral contemplada en la Ley 30230 brinda la oportunidad de obtener experiencia y entrenamiento a aquellas personas que, a causa de sus circunstancias sociales y económicas, no pudieron dedicarse a una formación profesional. Además, reduce la altura de ese primer escalón necesario para entrar a una dinámica de obtención de experiencia, mayor productividad y mejores ingresos.

Hace pocos días, una nueva edición del Doing Business, indicador del Banco Mundial (BM), generó celebratorias portadas y múltiples menciones en la prensa. Lo curioso es que celebraran pese a que, de acuerdo a la nueva metodología, el Perú cayera del puesto 34 al 35, aunque mejorara –marginalmente– en el indicador de distancia con las mejores prácticas desde 72.03 a 72.11.

Camilo Ferreira,Columnista invitado El Plan Nacional de Diversificación Productiva es una de las más importantes declaraciones de política pública y refleja el estado del arte en cuanto a teoría del desarrollo se refiere. La lectura del plan genera motivos para el optimismo. Se le da al Ministerio de la Producción el rol de elaborar estudios respecto a las barreras hacia el desarrollo a nivel sectorial y regional. Los métodos y enfoques modernos de Produce implican que dichos estudios sean un gran aporte al debate público. Esto es relevante a nivel regional, donde el desfasado enfoque de transformación de materias primas prevalece. En el plan se incluye la revisión de las regulaciones públicas y la detección de las potenciales fallas del Estado. La carga regulatoria tiende a crecer conforme se acumulan reglamentos, lo que lleva a un paulatino incremento afrontado por las empresas. En el plan se proyecta crear órganos públicos cuya tarea específica es controlar el vegetativo e irracional crecimiento del peso regulatorio. A esto se agrega el énfasis en la mejora de la productividad, la principal determinante de la prosperidad económica de un país. En ese sentido, justificar las políticas públicas planteando el alivio de fallas de mercado o de Gobierno supera el enfoque del Estado “promotor”.