Asesoría legal

El parlamentario andino Rafael Rey anunció que hoy presentará una denuncia contra el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, por los delitos de abuso de autoridad y omisión de actos funcionales.

Rafael Rey manifestó que viene preparando una denuncia penal contra el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, por no haber aprobado la contratación de un abogado que lo represente en la investigación fiscal que afronta por el caso Global CST.

Hasta ahora y pese a que la ley así se lo exige, el Ministerio de Defensa no contrata un abogado para asesorar legalmente al exministro del sector, Rafael Rey, en la investigación penal de la Fiscalía de la Nación por el caso Global CST.

Hasta ahora y pese a que la ley así se lo exige, el Ministerio de Defensa no contrata un abogado para asesorar legalmente al exministro del sector, Rafael Rey, en la investigación penal de la Fiscalía de la Nación por el caso Global CST.

La Municipalidad de Lima está utilizando sus recursos frente al proceso de revocatoria y, por ello, ha contratado los servicios del abogado y exparlamentario aprista Javier Valle Riestra para que, entre otras cosas, analice los vacíos y las contradicciones legales que implica la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que convocó a la consulta popular.

La Municipalidad de Lima está utilizando sus recursos frente al proceso de revocatoria y, por ello, ha contratado los servicios del abogado y exparlamentario aprista Javier Valle Riestra para que, entre otras cosas, analice los vacíos y las contradicciones legales que implica la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que convocó a la consulta popular.

Este año empezarán a funcionar tres juzgados especializados en tránsito, los cuales –como parte de un plan piloto– se ubicarán en el Cercado de Lima, anunció hoy la alcaldesa Susana Villarán.

El Gobierno decidió incluir una partida de S/. 134 millones en la Ley de Presupuesto del 2013 para la protección de los tres millones de migrantes peruanos que radican en el exterior.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) aprobó la tabla de aranceles para la prestación de los servicios no gratuitos de defensa pública, que establece que los procesados por corrupción paguen el monto máximo aplicable y que prioriza la atención gratuita a las personas de escasos recursos.