Medios brasileños informaron que la Procuraduría General de la República (PGR) decidió investigar a la presidenta Dilma Rousseff a fin de determinar si infringió la ley al haber nombrado al ex presidente Lula da Silva como ministro de la Casa Civil y a Marcelo Navarro al Tribunal Superior de Justicia.
Se precisó que el inicio de estas investigaciones están sujetas a la autorización previa del ministro del Tribunal Supremo Federal, Teori Zavascki, a cargo de las investigaciones de la operación Lava Jato.
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La Procuraduría se basó en la información otorgada por Delcidio do Amaral, el ex vocero del gobierno en el Senado y quien fue detenido en diciembre por delitos de corrupción vinculado al caso Petrobras, pero que actualmente está libre tras haber celebrado un acuerdo de delación, por el cual se reduce su pena a cambio de otorgar información que delate a sus cómplices.
El testimonio de Amaral fue uno de los que pesó en la decisión del PGR en investigar a la mandataria, ya que este acusó a Rousseff de nombrar al magistrado Marcelo Navarro al Tribunal Supremo de Justicia con la misión de llevar a cabo la detención de Marcelo Odebrecht el año pasado.
Además, la Procuraduría utilizó las grabaciones de las conversaciones entre Lula y sus aliados, entre ellos, la mandataria brasileña. Dichos audios fueron intervenidos por la Policía Federal para la investigación a cargo del juez Sergio Moro del Tribunal Federal de Curitiba.
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En una de las conversaciones, Rousseff conversa con Lula sobre el nombramiento del fundador del Partido de los Trabajadores como ministro de la Casa Civil. La mandataria le indicó a su antecesor que enviará el documento con su nombramiento y que Lula lo “utilizara solo en caso sea necesario”.
La Procuraduría encargada de la investigación Lava Jato en Brasilia considera que esta conversación es “comprometedora” puesto que Dilma estaba tratando de promover a Lula como ministro para alejarlo del alcance de las investigaciones que realiza la Procuraduría General sobre otros dirigentes del PT y del ex presidente. Según la PGR, este acto de la mandataria podría configurarse como un intento de obstaculizar las investigaciones sobre una organización criminal.
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