Saif al Islam, el hijo más conocido de Muamar Gadafi, y ocho colaboradores del difunto dictador libio fueron condenados a muerte este martes por un tribunal de Trípoli por la sangrienta represión de la revuelta que puso fin al régimen en 2011.
El tribunal condenó a muerte, entre otros, al último primer ministro de Muamar al Gadafi, Bagdadi al Mahmudi, y a su ex jefe de los servicios de inteligencia Abdala Senusi.
Los dos ex dirigentes estaban presentes en la sala. Saif al Islam no asistió al juicio en la capital de Libia porque está preso en la ciudad de Zintan (suroeste), en manos de una milicia opuesta a las autoridades de Trípoli. Durante el proceso compareció por videoconferencia.
Los condenados fueron procesados por su papel en la sangrienta represión de la revuelta que, ayudada por una intervención de la OTAN, terminó con más de 40 años de régimen gadafista en 2011 y con la propia vida de Muamar Gadafi.
En total, 37 personas estaban acusadas de delitos como asesinato y complicidad en la incitación a la violación durante la revuelta de 2011. También estaban procesados por secuestro, pillaje, saboteo, malversación de fondos públicos y contratación de mercenarios africanos.
El juicio, iniciado en abril de 2014, fue criticado por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que afirman que los acusados tuvieron un acceso limitado a abogados y a documentos clave.
También se vio marcado, en el caso de Saif al Islam, por una disputa no resuelta con la Corte Penal Internacional de La Haya, que reivindica su jurisdicción en el caso.
En la sala, en el centro de Trípoli y bajo fuertes medidas de seguridad, estaban presentes 29 acusados. Nueve fueron condenados a muerte ante el pelotón de ejecución, y ocho a cadena perpetua.
Cuatro fueron absueltos, y en el caso de un acusado se retiraron los cargos y se le enviará a un hospital psiquiátrico. El resto de los 37 acusados fueron condenados a penas de entre uno y 12 años de cárcel.
Según el fiscal general, las penas de prisión son aplicables de inmediato, y solo los condenados a muerte pueden apelar la decisión ante la Corte Suprema.
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