El presidente de Guatemala, Otto Pérez, aseguró este lunes que no recibió “ningún dinero” de una red que orquestó una estafa millonaria en las aduanas y descartó renunciar al cargo, como le exigen ONG, estudiantes, cámaras empresariales y manifestantes indignados con su supuesta vinculación con el fraude.
“Yo les puedo decir que no recibí ningún centavo, y menos de esa estructura fraudulenta que estuvo prácticamente robando el dinero de los guatemaltecos”, dijo Pérez en una rueda de prensa, en la que negó cualquier participación en la estructura llamada ‘La Línea’, que cobraba sobornos para permitir evadir impuestos.
“Me siento completamente tranquilo”, aseguró el mandatario, cuya conexión con la estafa radica en una escucha telefónica en la que ordena cambios de personal en la entidad recaudadora de impuestos, y que se han interpretado como una injerencia para facilitar la operación ilícita.
El gobierno de Pérez se encuentra en el ojo del huracán luego de que la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU, descubrieron en abril pasado la red de sobornos en las aduanas que involucraba a altos funcionarios.
La crisis empeoró el pasado 21 de agosto cuando Pérez fue señalado como uno de los cabecillas del fraude y fue arrestada su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció el pasado 8 de mayo por el escándalo.
BUSCA BLINDARSE
Tras la denuncia contra Pérez, el último sábado una comisión especial del Congreso recomendó retirarle la inmunidad para que sea investigado penalmente.
[Guatemala: Corte Suprema aprobó pedido de antejuicio contra presidente Otto Pérez]
Para votar si se levantan los fueros a Pérez, el Congreso llamó a una sesión plenaria para la tarde del martes. Para levantar la inmunidad presidencial, se necesitan como mínimo el voto de 105 de los 158 diputados.
Poco antes de dirigirse a los periodistas, el abogado de Pérez, César Calderón, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, para detener el proceso legislativo que busca retirarle la inmunidad.
Pérez sostiene que la recomendación de la comisión del Congreso de quitarle la inmunidad es “incorrecta y apresurada” porque no tomó en cuenta los alegatos de la defensa.
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