Brasil: Relator recomienda que admisibilidad de juicio político contra Dilma Rousseff

El instructor de la comisión del Senado que analiza si la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sea sometida a un juicio con miras a su destitución recomendó hoy que el proceso continúe, pues se cumplen todos “los requisitos legales”.

El informe del senador Antonio Anastasia, instructor del caso, fue divulgado en la página del Senado en internet, en momentos en que él mismo comenzaba la lectura de las 126 páginas que tiene el documento ante los miembros de la comisión.

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Según Anastasia, “la denuncia presenta los requisitos legales y formales exigidos por la legislación en vigencia, y especialmente por la Constitución Federal, para ser recibida”.

El instructor dice que su voto “es por la admisión de la denuncia con la consecuente instauración de un proceso de ‘impeachment’, la apertura de un plazo para que la denunciada responda a la acusación y el inicio de la fase de instrucción del proceso” que puede llevar a recortar el mandato de la presidenta.

El informe elaborado por Anastasia tras escuchar los testimonios de la acusación y la defensa será votado el próximo viernes en la comisión, que tiene 21 miembros, y en caso de ser aprobado por una mayoría simple será remitido al pleno del Senado.

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En esa última instancia, el informe se prevé que será debatido el próximo día 11 y si al menos 41 de los 81 senadores se inclinaran por instaurar el juicio político, Dilma Rousseff será separada del cargo durante los 180 días que puede durar el proceso.

En ese período, sería sustituida por el vicepresidente Michel Temer, con quien está enemistada hace meses y que ya ha comenzado a articular la composición del Gobierno que debería asumir una vez que la mandataria sea notificada oficialmente del inicio del juicio.

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Hasta concluir que existen méritos jurídicos para la apertura del proceso, Anastasia hizo en su informe un pormenorizado relato de las acusaciones, que se fundamentan en maniobras contables irregulares en las que el Gobierno incurrió en 2014 y 2015 a fin de “maquillar” sus resultados fiscales.