El Segundo Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda de acción de amparo presentada por el consorcio que fue descalificado del proceso de concesión del Gasoducto del Sur otorgado por Proinversión a comienzos de julio.
Tres de las cuatro empresas que conformaban el consorcio Gasoducto Peruano, es decir, Techint, Sempra y Grupo Energía de Bogotá, presentaron una acción de amparo por considerar nula su descalificación del proceso.
Tras ello, el grupo de empresas integrado por Odebrecht y Enagás se adjudicó la licitación y el Gobierno se apresuró en firmar, este miércoles en Palacio, el contrato de concesión.
El proceso ha sido cuestionado por diversos actores políticos y económicos, pero —tal como lo indicó en una entrevista previa el viceministro de Energía, Edwin Quintanilla—, en el Ministerio de Energía y Minas (Minem) estaban confiados en que el proceso judicial no iba a paralizar la ejecución de la obra, cuya propuesta económica ganadora fue de US$7.3 millones.
El proyecto considera la construcción de una tubería de 1,000 km que permitirá el transporte del gas natural del yacimiento de Camisea (Cusco) hacia la costa sur del país, y comprenderá las regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna.
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