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Gobierno aprobó reglamento de la nueva Ley de Contrataciones

Buscan transparencia y eficiencia en el gasto público, así como fortalecer todos los procesos.

El reglamento además, impulsa las medidas de simplificación que permiten agilizar, promover y dinamizar las inversiones.
El reglamento además, impulsa las medidas de simplificación que permiten agilizar, promover y dinamizar las inversiones.

El Gobierno aprobó el Reglamento de la nueva Ley de Contrataciones, en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1341, y cuyos principios se basan en la transparencia, agilización del proceso y eficiencia en el gasto público, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

De acuerdo al MEF, el propósito de las modificaciones es fortalecer el proceso de Contrataciones del Estado, con el fin de contar con un régimen de contratación pública eficiente orientado hacia la gestión por resultados, y que permita atender las necesidades de la comunidad.

El reglamento además, impulsa las medidas de simplificación que permiten agilizar, promover y dinamizar las inversiones y la economía, y con ello maximizar el valor de los recursos para el cumplimiento de los fines públicos.

Principales cambios

De acuerdo al reglamento, las modificaciones realizadas privilegian la estandarización de las contrataciones para reducir los conflictos en las mismas y eliminar las malas prácticas en la elección del proveedor.

Asimismo, se incluyen mecanismos de evaluación que ayudan a la obtención de la oferta más ventajosa para el Estado e introducen disposiciones que desincentiven y sancionen los actos de corrupción.

Ventajas

El Mef señala, entre las principales ventajas:

Promover la homologación de requerimientos, medida que permite que los sectores que definen políticas públicas puedan definir las características técnicas de lo que se pretende contratar. Se reduce el tiempo que dura la selección del proveedor, y se convocará un procedimiento simplificado (duración de 8 días hábiles). Se beneficiará además, a sectores como educación, salud, interior, agricultura, entre otros, que formulan políticas nacionales.

Transparentar los costos de los contratos que realiza el Estado.

Evitar subvaluación de las ofertas. Para ello, y en caso de consultoría y ejecución de obras, se ha establecido una metodología basada en promedios para determinar al ganador de la buena pro (anteriormente la adjudicación se basaba en el menor precio).

Fomentar la conciliación como mecanismo alternativo de solución de controversias. Ello con el objetivo de reducir los tiempos y costos asociados a los conflictos. Así, para entrar en un arbitraje, la entidad pública debe sustentar su conveniencia frente a la conciliación (análisis costo-beneficio). Adicionalmente se busca desincentivar las impugnaciones maliciosas, se prevé la presentación una garantía para la solicitud de nulidad de laudo arbitral.

Modificación de las reglas de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco para evitar la participación de proveedores inadecuados y mejorar los filtros de acceso a estos catálogos y que sean empresas sólidas y formales (promoción de la formalización de empresas) las que accedan a los mismos. Se plantean mecanismos que permitirán eliminar la discrecionalidad en la elección del proveedor.

Se introduce el concepto de Modalidad Mixta de contratación, con el fin de adaptar el proceso de contratación a los proyectos de infraestructura cuya característica de ejecución combina la prestación de servicios y obras.

Establecer diversas disposiciones anticorrupción con la finalidad de desincentivar y reducir la comisión de malas prácticas.


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