Indignante. A pesar de que pueden despojar a sus víctimas –en minutos– de todos sus ahorros o hacer compras a su nombre, los clonadores de tarjetas de crédito o de débito no van a prisión. La razón: este delito no se halla tipificado en nuestras normas.
Indignante. A pesar de que pueden despojar a sus víctimas –en minutos– de todos sus ahorros o hacer compras a su nombre, los clonadores de tarjetas de crédito o de débito no van a prisión. La razón: este delito no se halla tipificado en nuestras normas.
La norma emitida esta semana por el Ministerio de Economía tiene algunos vacíos legales. La misma no estaría obligando a los trabajadores independientes a irse a una AFP porque eso sería inconstitucional. Sino que se precisa que los trabajadores menores de 40 años estarán obligados, a partir de agosto, a aportar para su fondo de pensiones, con lo cual deberán afiliarse a una AFP o en la estatal Oficina de Normalización Previsional. Considero que la reforma del Sistema Privado de Pensiones (SPP) va por buen camino; pero, como repito, tiene algunos vacíos que a la larga podrían perjudicar a los aportantes si es que no se aplican correctivos a la norma en los próximos meses. Uno de los temas pendientes, por ejemplo, es saber qué es lo que va a pasar con los trabajadores independientes mayores de 45 años y que han sido excluidos del proceso. Si bien la norma no los obliga a ir a ningún régimen de pensión, su situación queda flotando en el aire, sin ningún tipo de pensión y con el peligro que genera un problema social más adelante.
Fue una advertencia para el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tres abogados constitucionalistas, entre ellos Javier Valle Riestra –quien ha sido contratado por la Municipalidad de Lima para que analice los vacíos legales de la revocatoria–, señalaron ayer que las autoridades ediles solo podrían ser revocadas si el número de votos es mayor al que obtuvieron en su elección.
Fue una advertencia para el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tres abogados constitucionalistas, entre ellos Javier Valle Riestra –quien ha sido contratado por la Municipalidad de Lima para que analice los vacíos legales de la revocatoria–, señalaron ayer que las autoridades ediles solo podrían ser revocadas si el número de votos es mayor al que obtuvieron en su elección.