Desafiante ante la ley, el polémico presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, dejó entrever ayer que no acataría un eventual impedimento de salida del país que dicte el juzgado que lo procesa por el secuestro y tortura a Petronila Vargas. Dijo que defiende el derecho de todo ciudadano a transitar libremente por el Perú y Latinoamérica y que, como autoridad, tiene “investidura” para seguir gobernando.