La aprobación del proyecto de ley que fija las reglas para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos relacionados al crimen organizado y endurece las penas hasta 35 años de prisión permitirá a los operadores de justicia –la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial– contar con “una herramienta para poder luchar” contra este flagelo.