Oficina de Enlace

La Oficina Técnica de Apoyo a la Mesa Directiva y Enlace con los Gobiernos Regionales ha perdido el protagonismo mediático que cobró a raíz de su cuestionado programa de gestores, cuyo propósito era implementar una red proselitista con recursos públicos. Que el polémico programa se haya desactivado y que la oficina en cuestión haya adoptado un perfil bajo no significa, sin embargo, que la maquinaria proselitista no siga en marcha.

No aprenden. Pese a las críticas que, en su momento, formularon diversos sectores al pretendido nombramiento de ‘coordinadores’ parlamentarios, el presidente del Congreso, Víctor Isla, sostuvo ayer que el tema “está en estudio” y que se ha pedido un informe –no dijo a quien– antes de tomar una decisión al respecto.

No aprenden. Pese a las críticas que, en su momento, formularon diversos sectores al pretendido nombramiento de ‘coordinadores’ parlamentarios, el presidente del Congreso, Víctor Isla, sostuvo ayer que el tema “está en estudio” y que se ha pedido un informe –no dijo a quien– antes de tomar una decisión al respecto. Fuentes legislativas, sin embargo, aseguraron a Perú21 que la directiva congresal ya habría dado luz verde a la contratación de los 25 ‘coordinadores’, tarea que estará a cargo de la Oficina de Enlace con los Gobiernos Regionales a cargo de Walter Menchola.

No se calló nada. La legisladora Martha Chávez afirmó que el irregular uso de recursos públicos del Parlamento en el Programa de Gestores –que promueve Daniel Abugattás– ameritaría la intervención de la Fiscalía de la Nación y de la Contraloría General. “Lo que se está haciendo es clientelismo político, se está pagando favores de campaña con recursos públicos. ¡Que los paguen con sus bolsillos y no con dinero del Congreso!”, declaró, tras cuestionar la postura “permisiva” de los otros tres miembros de la Mesa Directiva.

No se calló nada. La legisladora Martha Chávez afirmó que el irregular uso de recursos públicos del Parlamento en el Programa de Gestores –que promueve Daniel Abugattás– ameritaría la intervención de la Fiscalía de la Nación y de la Contraloría General. “Lo que se está haciendo es clientelismo político, se está pagando favores de campaña con recursos públicos. ¡Que los paguen con sus bolsillos y no con dinero del Congreso!”, declaró, tras cuestionar la postura “permisiva” de los otros tres miembros de la Mesa Directiva.