El Poder Judicial determinó ayer que la zona arqueológica de Machu Picchu es de propiedad del Estado y no de particulares. Fue con el fallo del Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia del Cusco, que declaró infundadas las demandas planteadas por la familia Zavaleta, a través de las cuales se reclamaba la propiedad del terreno y se exigía una indemnización de 350 millones de soles por los recursos que se dejaron de percibir por el ingreso de los turistas a la zona.
El Juez Jhon Aleck Alfatro Tupayachi, del Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco, declaró infundadas las demandas contra la Dirección Desconcentrada Cusco, del Ministerio de Cultura, por “reivindicación y cobro de frutos civiles” del santuario de Machu Picchu que interpuso la familia Zavaleta en el 2005.