La Contraloría General presentó un proyecto de Ley al Congreso de la República para que los funcionarios públicos presenten una declaración jurada que especifique, con claridad, sus bienes en el Perú y en el extranjero. Quienes no cumplan con dicha norma serán sancionados con el 20 % de su remuneración total; mientras que quienes omitan información se les aplicará una multa del 10 al 20 % de su sueldo.