Corrupción aprista

El diálogo de un representante del Ministerio Público con un procesado que se acoge a la colaboración eficaz es un procedimiento normal contemplado en las normas vigentes, consideró el el exfiscal superior anticorrupción Pedro Angulo.

El diálogo de un representante del Ministerio Público con un procesado que se acoge a la colaboración eficaz es un procedimiento normal contemplado en las normas vigentes, consideró el el exfiscal superior anticorrupción Pedro Angulo.

La megacomisión del Congreso que investiga las presuntas irregularidades del gobierno aprista, citó al expresidente Alan García para el 30 de octubre a las 10 de la mañana.

Tomando distancia de los cuestionamientos oficialistas a la resolución judicial que anula parte de lo actuado por la ‘megacomisión’ en la investigación al expresidente Alan García, el defensor del Pueblo, Eduardo Vega, precisó que el fallo en cuestión “tiene que acatarse como toda sentencia”, y añadió que, si bien “retrotrae” el trabajo de la Comisión Tejada, no excluye al exmandatario de las indagaciones.

El Quinto Juzgado Constitucional de Lima le dio la razón en parte a Alan García en el recurso de amparo que el exgobernante presentó en contra de la ‘megacomisión’ –que investiga su segundo gobierno– y declaró la nulidad de la indagación por transgresiones al debido proceso, pero no amparó su pedido de exclusión.

Pese a que se había anunciado que ayer se iba a debatir y a votar el preinforme sobre una presunta interferencia política en la investigación del caso Business Track (BTR), el titular de la ‘megacomision’, Sergio Tejada (Gana Perú), dio marcha atrás y decidió postergar el debate de ese documento.

El informe preliminar de la llamada ‘megacomisión’, que recomienda denunciar al expresidente Alan García por los presuntos delitos de instigación del delito de usurpación de funciones y de asociación ilícita para delinquir en el caso Business Track, es –en opinión del líder aprista– un “manotazo de ahogado” del Gobierno.

El expresidente Alan García y otros funcionarios de Estado fueron acusados por la ‘megacomisión’ del Congreso de haber obstruido la labor de la justicia durante las investigaciones en el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales de la empresa Business Track (BTR).