La presencia de un dirigente comunitario acusado y procesado por terrorismo en 1990 generó divergencias en la sesión del grupo parlamentario que evaluaba el traslado de los pobladores del centro minero de Morococha, en Junín.
La presencia de un dirigente comunitario acusado y procesado por terrorismo en 1990 generó divergencias en la sesión del grupo parlamentario que evaluaba el traslado de los pobladores del centro minero de Morococha, en Junín.