García no hizo nada por conflicto en Puno

Por José Clemente

La trágica muerte de cinco pobladores y los más de 30 heridos que hubo el pasado 24 de junio en Juliaca, así como los cuantiosos daños a la propiedad pública y privada, causados durante las protestas en esa y otras provincias de Puno, pudieron haberse evitado. Cerca de 12 reportes de Inteligencia de la Policía Nacional alertaron –hasta con un mes de anticipación– sobre las intenciones de los manifestantes radicales, entre ellas la toma del aeropuerto de dicha localidad.

Apenas decretaron su paro indefinido, el 9 de mayo pasado, exigiendo la prohibición de todo tipo de concesión minera en el departamento de Puno y demandando la presencia de una comisión de alto nivel, la Policía adscrita a la XII Dirtepol-Puno y un contingente especial enviado desde Lima a ese lugar se percataron de las acciones radicales que preparaban diversas organizaciones.

Entre estas figura el Frente de Defensa de los Recursos Naturales, que encabeza hasta la fecha Walter Aduviri Calisaya, sobre quien pesa la mayor responsabilidad por los hechos suscitados el último fin de semana.

Según cinco reportes de Inteligencia a los que tuvo acceso Perú.21, conforme pasaban los días, la Policía informaba sobre los objetivos de los huelguistas puneños a las oficinas de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Energía y Minas y del portafolio del Ambiente.

Las medidas de seguridad fueron planificadas, pero la solución del conflicto estaba en manos de las altas autoridades del Gobierno, sobre todo de la PCM. “Lamentablemente, solo se actúa cuando hay muertos”, comentó una fuente policial.

TOMA DE AEROPUERTO. Uno de los reportes de Inteligencia enviado a la Dirección de la PNP el 30 de mayo pasado advirtió de la inminente toma del aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca. “Manifestantes de Azángaro amenazan con tomar el aeropuerto internacional de Juliaca y todas sus instalaciones, y se prevé enfrentamientos con la Policía”, dice uno de los documentos alcanzados por la Policía al Ejecutivo y que tiene en su poder este diario.

La situación empezó a agudizarse el 8 de junio, la cual también fue anunciada por efectivos de Inteligencia infiltrados en las reuniones y marchas.

El mismo 24 de junio se informó también que en los actos de vandalismo en el terminal aéreo se infiltraron delincuentes comunes, incluso terroristas. La Policía identificó, además, a la “Unión de Comunidades Aymaras”, un grupo integrado por un centenar de reservistas etnocaceristas.

ELECCIONES CLAVE. En los días previos, el entonces candidato Ollanta Humala pedía tranquilidad a Puno y cuestionaba la aparente inercia del Gobierno por solucionar el conflicto.

Según el líder nacionalista, en Puno, él tenía un bastión de 500 mil electores que votarían por su candidatura. La ONPE registró 490 mil votos a favor de Humala en esa región.

Al parecer, los comicios del 5 de junio pendían no de un hilo sino de la voz de Aduviri, quien había amenazado al Gobierno con impedir que se realizara la segunda vuelta mientras no se solucionaran sus exigencias. “No va a haber elecciones acá y punto”. Al final hubo tregua, una semana después se rompió y vinieron las muertes. Al parecer, todo estaba calculado.