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López Aliaga, ‘buscapleitos’ de Castañeda

Jueves 17 de febrero del 2011 | 07:01

Ha presentado más de 170 denuncias. ¿Debe ir al Congreso un empresario que ha hecho del litigio su modus operandi?

López Aliaga ha denunciado a varios funcionarios del Ministerio de Transporters. (USI)
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Por Zarella Sierra

Las amenazas y las palabras de intimidación emergen de su boca de forma temeraria y como argumento ante las preguntas incómodas. Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla, candidato al Congreso por Solidaridad Nacional (SN), parece tener como premisa de vida la denuncia judicial ante cuestionamientos sobre su ejercicio profesional y laboral.

“Si usted publica algo de mí y de esas denuncias, yo la denuncio ante el Poder Judicial, al igual que ya tiene una denuncia por difamación su director”, fue la advertencia que lanzó a Perú.21 cuando, cumpliendo nuestro rol periodístico, le preguntamos sobre las denuncias que ha planteado en los últimos años contra empresarios, funcionarios de empresas públicas y privadas, entre otros.

Más de 170 demandas presentadas ante la Fiscalía y el Poder Judicial en los últimos años, entre archivadas y vigentes, quizá convierten al hombre de confianza de Luis Castañeda en uno de los mayores litigantes del país. Pero ante esa cantidad de demandas surge una pregunta ¿son todas estas denuncias sustentadas o acaso López Aliaga –como sucede con abogados litigiosos– ha abusado de su derecho a la defensa y ha utilizado a la judicatura para fines nada santos?

EL REGIDOR DE CASTAÑEDA. Ingeniero civil de profesión, López Aliaga se desempeñó como regidor durante la gestión de Castañeda Lossio en la Municipalidad de Lima. De acuerdo con su declaración, fue invitado al cargo en 2007 por el hoy candidato a la Presidencia de la República y, a pedido del exalcalde, integró el comité que estudió y aprobó el presupuesto de la segunda etapa del Metropolitano que incluye, entre otras cosas, la construcción de la Estación Central del Paseo de los Héroes.

“Me siento orgulloso de esa obra”, asegura, pero su voz adquiere un matiz desafiante cuando se le menciona el informe que a fines de 2010 emitió la Contraloría General de la República en la que se revelan las presuntas irregularidades y sobrevaluación que, respecto a esa obra, cometió el Municipio de Lima. “¿De qué informe me habla? Si ha existido alguna sobrevaluación pregúntele a la empresa que construyó, vaya y pregunte a la gente de El Comercio, donde usted trabaja. Muéstreme ese informe del que me habla, dónde está”, responde furibundo.

AMOR AL LITIGIO. Entre las personas que el candidato de Castañeda ha denunciado ante el Ministerio Público y el Poder Judicial figura el exviceministro de Transportes Carlos Miguel Puga Pomareda, y otros cuatro funcionarios de ese sector, a quienes demandó por permitir el ingreso de dos nuevos operadores a la ruta hacia Machu Picchu, que su empresa manejó en exclusividad hasta 2009.

“Denuncié al exviceministro porque cambió el reglamento y quitó los requisitos que me pidieron para lograr la concesión, y luego se la dan a otras empresas que son una colombiana (Inca Rail) que es un mamarracho, un operador de Mickey Mouse, y otro que es de (José Daniel) Amado (Machu Picchu Rail), que es un operador de carga que tiene unos trenes viejísimos. O sea, al final yo invierto para que vengan dos señores y así de fácil empiecen a operar”, dijo el empresario, quien también ha demandado a su exsocio en Perú-Rail Lorenzo Souza.

En su ímpetu por demandar a quienes no comparten sus ideas, López Aliaga denunció al Consejo Directivo de Ositran pero, como si nada, dijo a Perú.21 que “ya arreglé con ellos, hemos llegado a un acuerdo extrajudicial”. Lo mismo pasó con María Cristina de Madalengoitia, esposa de Souza, a quien demandó por mandar, entre otras, una carta al cardenal Juan Luis Cipriani para que le pida a López Aliaga, miembro del Opus Dei, que cese el acoso judicial a su familia.

“Yo a usted no le voy a contestar (si es miembro o no del Opus Dei) porque ni usted ni su diario me merecen el mínimo respeto”, nos dijo el candidato al Congreso. Que juzguen los electores.