Hubo 25 muertes en minas de congresista

El legislador aprista Tomás Cenzano Sierralta está nuevamente en el ojo de la tormenta. Los deslizamientos que han ocasionado la muerte de 12 mineros, el pasado fin de semana, se han producido sobre un campamento minero en la zona de Mukumayo, Carabaya (Puno), donde opera la empresa Ayapata, con la que tiene una vinculación directa.

Cenzano ha negado que la Compañía Minera Ayapata sea de su propiedad. Sin embargo, el viceministro de Minas, Fernando Gala, y el director regional de Energía y Minas de la región Puno, Víctor Paredes Argandoña, afirmaron que, en sus registros, el parlamentario oficialista aparece como el dueño de la misma.

Lo lamentable en esta historia es que no es la primera vez que ocurre un problema como este. Hace un año, exactamente, un alud sepultó a 10 trabajadores mineros del campamento de Winchumayo , donde el mencionado congresista es propietario del 33% de las acciones, según lo reconoció entonces.

Asimismo, el 4 de octubre de 2009, un enfrentamiento armado entre dos bandos de mineros informales acabó con la vida de tres de ellos. En ese entonces, el alcalde del distrito puneño de Ituata, Roger Saya, acusó a Cenzano de haber comprado las armas.

Gala dialogó con Perú.21 y comentó que el hecho de que Cenzano aparezca como propietario de la empresa no lo hace responsable de una desgracia producida por factores climáticos.

Sin embargo, Paredes declaró en una emisora regional que la responsabilidad de las muertes es del legislador por no adoptar las medidas preventivas de seguridad en su compañía frente a una situación climática que se registra todos los años.

Incluso informó que ha remitido una carta notarial al despacho del parlamentario, emplazándolo a que presente sus descargos en el plazo de 72 horas, y dijo que, de lo contrario, “se aplicarán las sanciones de ley”.

Este diario no esperó tanto. Buscó al legislador para que respondiera a las imputaciones del funcionario regional. Cenzano insistió en negar la propiedad de la minera y señaló que hace tres años hizo una transferencia del 55% de las acciones a los propios mineros informales. Pero admitió que el 45% está en poder de su hijo, Alfredo Tomás Cenzano Delgado. Cuando se le preguntó por qué transfirió acciones a mineros informales, prefirió calificarlos como “mineros en proceso de formalización”. Agregó que no podía desarrollar sus actividades mineras en la zona y que, por ello, decidió la transferencia.

SIGUE SIENDO EL DUEÑO. Sin embargo, el director regional declaró que el traspase de las concesiones a su hijo y a otros mineros no ha sido inscrito en los Registros Públicos mineros en su región. “En los papeles, la empresa sigue perteneciendo al congresista”, puntualizó.

El parlamentario remitió a esta redacción la ficha de inscripción de Sociedades Anónimas de la Compañía Minera Ayapata en la Superintendencia de Registros Públicos (Sunarp) para acreditar que ya no es el propietario.
Una lectura del documento permite corroborar que su hijo es el presidente del directorio de la empresa y que este título recién fue presentado a las 12:31 horas del 13 de agosto de 2009, es decir, luego del derrumbe del año pasado.

Otro documento entregado es el acta notarial suscrita por el notario público Luis Alfredo Cuba Ovalle –el 17 de diciembre de 2008– sobre la entrega simbólica del 95% de las acciones, de las cuales 40% serían para su hijo y 55% para los representantes del Consorcio Minero Real Mukumayo y de la Corporación Minera Ayapata Miner.

Sin embargo, las muertes –que se suceden año tras año al persistir, sin mayor control ni fiscalización del Estado (¿porque es del Apra?), en desarrollar una minería ilegal– no son lo único que empaña la imagen de este legislador.

Hace unas semanas, Perú.21 publicó la relación de los principales deudores de la Sunat , y en ella se observa –en noveno lugar– a la empresa minera Media Naranja, la misma que posteriormente se convirtió en Ayapata, con una deuda de más de 220 millones de soles.