Por Daniel Yovera
Dos años y medio después del terremoto del 15 de agosto de 2007, la reconstrucción de las ciudades del sur del país no solo avanzan lentamente, sino que, lo que es el colmo, se ejecuta con irregularidades de por medio. Esta situación la detectó la propia Contraloría General de la República, que acaba de investigar los pormenores de dos obras realizadas por la Municipalidad Provincial de Pisco con dinero del Fondo de Reconstrucción del Sur (Forsur), y que compromete a las más altas autoridades ediles.
Fuentes de la Fiscalía –que ha recibido los informes del órgano de control y que ahora investiga las denuncias– informaron a Perú.21 que las dos obras bajo la lupa son la rehabilitación y mejoramiento de la avenida Fermín Tangüis, la vía más importante de acceso a Pisco, y la construcción de 725 casas prefabricadas. El costo de ambos trabajos fue de S/.10.4 millones y S/.870 mil, respectivamente.
Las irregularidades detectadas en ambos casos habrían ocasionado a la comuna pisqueña un perjuicio económico de más de S/.4 millones.
CONSTRUCTORA FAVORECIDA. Según información que consta en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de esa ciudad, tanto el alcalde provincial de Pisco, Juan Mendoza Uribe (independiente), como sus funcionarios vinculados con la obra de rehabilitación y mejoramiento de la mencionada avenida, “favorecieron indebida y recurrentemente al contratista Consorcio San Gallan”, encargado de los trabajos.
Las fuentes del Ministerio Público señalaron que la Contraloría encontró que el municipio le adelantó al consorcio el 36% del costo total de la obra, es decir, le entregó S/.3.7 millones sin que esta suma guarde “congruencia con los materiales ni con el calendario del avance de la obra”. El alcalde provincial también autorizó desembolsos de S/.1 millón por partidas no ejecutadas.
Pese a que la empresa pidió varias ampliaciones del plazo para entregar la obra y a que los retrasos eran injustificados, el municipio nunca le aplicó al consorcio las penalidades establecidas en el contrato, lo cual, para la Contraloría de la República, “evidenciaba la existencia de indicios de presunta comisión del delito de negociación incompatible”.
La obra empezó a ejecutarse el 5 de febrero de 2009 y debía entregarse el 5 de julio pasado, pero hasta setiembre no estaba lista. En octubre, a la municipalidad no le quedó otra alternativa que culminar los trabajos por su cuenta. Por eso, la carretera recién estuvo lista en diciembre pasado.
COLUSIÓN. La Contraloría también detectó que el alcalde y sus funcionarios favorecieron a otra empresa: Sematech Servicios Generales, que fue contratada el 6 de marzo de 2008 para fabricar 725 módulos de vivienda prefabricados a un costo de S/.870 mil. Las fuentes de la Fiscalía aseguran que a esta empresa también le permitieron aplazar la fecha de entrega de los trabajos sin aplicar las penalidades, y también le pagaron dinero por adelantado.
Pero lo grave fue que Sematech entregó al municipio dos cartas fianzas de Mapfre, al parecer, falsas. Sin duda, la reconstrucción del sur no es tomada para nada en serio.