El presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, anunció hoy que no habrá más personal ad honórem en los despachos congresales, en las comisiones ni en los grupos parlamentarios.
“He tomado la decisión de cancelar cualquier tipo de servicios ad honorem, ya no se dará acreditación de servicios a este personal. O la persona presta servicios en el Congreso o es un visitante”, aseveró en una conferencia de prensa que ofreció en el Palacio Legislativo tras reunirse con el titular de la Contraloría General de la República, Genaro Matute.
En dicha cita, se concretó el anuncio que el titular del Parlamento hizo ayer: que todo el personal del Congreso será sometido a una auditoría a cargo de la Contraloría, en la que se revisará el perfil profesional y las labores específicas que realizan los trabajadores del Legislativo.
Velásquez consideró que el Ministerio Público debe actuar en forma rápida y sin “medias tintas” cuando un parlamentario incurra en la contratación irregular de su personal. “Estos hechos son gravísimos y deberían merecer la mayor sanción”, acotó.
Por su parte, el contralor Genaro Matute comentó que su labor ayudará al Congreso a manejar la administración de personal, y, entre otras cosas, ejercer un mejor control sobre las actividades que realizan sus trabajadores.
“Es importante tener orden en el Congreso y en las personas que se encuentran dentro de él. Se requiere un mínimo de nivel de control respecto del trabajo parlamentario”, señaló.
Matute dijo además que la Contraloría dará una serie de recomendaciones para que, entre otras cosas, evitar irregularidades como la contratación de empleados “fantasma” o el recorte de salarios, como en el caso de la parlamentaria de Unión Por el Perú (UPP) Margarita Sucari, quien le exigió a una auxiliar de su despacho que le entregue mil soles de su sueldo con la excusa de que servirían para pagar a otro trabajador.
Más temprano, el parlamentario nacionalista Daniel Abugattás, en diálogo con Perú21.pe, manifestó que en el Congreso las mesas directivas de turno suelen despedir y contratar personal administrativo sin rendirle cuentas a nadie, lo que permite una politización de los puestos de trabajo en el Legislativo.
“Más preocupante que la contratación de personal fantasma es el aumento y el partidismo de los trabajadores del Congreso. Acaban de sacar a 300 trabajadores a fines de julio que, aparentemente, serán remplazados por gente allegada a la nueva Mesa Directiva. La Contraloría debería entrar a tallar para ver qué está ocurriendo”, comentó.