El Gobierno confirmó la desactivación de la Oficina Nacional Anticorrupción

Diez meses después de que el presidente Alan García anunciara su creación, con bombos y platillos, el premier Jorge del Castillo confirmó una noticia que ya se caía de madura: la desactivación de la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA) y el traslado de sus funciones a la Contraloría.

La partida de defunción de la ONA comenzó a ser llenada 20 días antes del mensaje presidencial por Fiestas Patrias, cuando se aceptó la renuncia, por razones de salud, de la jefa de dicho organismo, la ex jueza anticorrupción Carolina Lizárraga.

Ayer, Del Castillo sostuvo que la decisión fue adoptada tomando en cuenta los argumentos de la oposición, la que –según él– pedía su desactivación. Agregó que la creación de la ONA no fue un error, sino “un esfuerzo por hacer mejor las cosas”.

TOMA LA POSTA. El jefe del gabinete señaló, no obstante, que la desactivación de esta institución no significa que sus funciones vayan a quedar en el aire, ya que serán asumidas por la Contraloría, a cargo de Genaro Matute hasta fines de octubre.

Respecto de este obligado relevo en la Contraloría, Del Castillo consideró que el reemplazante de Matute tiene que ser una persona de gran idoneidad profesional y de moral intachable.

“El nuevo contralor no debe ser un militante del Partido Aprista pero tampoco debe ser un rabioso colocado por la oposición. Tiene que ser alguien que goce de la confianza de la ciudadanía”, explicó en una rueda de prensa, luego de su presentación en RPP.

PURA FINTA. El ex procurador anticorrupción Ronald Gamarra, también ex funcionario de la ONA, sostuvo que “esta desactivación confirma que la creación de la ONA fue un globo de ensayo y que, en realidad, nunca hubo una voluntad política de acompañar a Carolina Lizárraga en su gestión ni darle los recursos necesarios”.

“No veo sinceridad en este gobier-no en el tema de la lucha contra la corrupción. El premier ha dicho que no fue un error, pero yo creo que fue una finta para las tribunas”, apuntó.

Gamarra añadió que, tan importante como transferir las facultades a la Contraloría es que se vaya a un proceso transparente para elegir al nuevo contralor. “La ciudadanía tiene que participar, para que no se nombre a un amigo del Gobierno”, alertó.