La Defensoría del Pueblo cuenta desde hoy con una Unidad Anticorrupción, que identificará y denunciará aquellas acciones ilícitas que perjudiquen los derechos fundamentales de las personas al acceso a los servicios básicos que ofrece el Estado.
Sobre este punto, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, aclaró que este equipo no reemplazará las funciones ejercidas por la Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), instancia que está a la deriva desde la renuncia Carolina Lizárraga a su jefatura y cuyo cierre está siendo evaluado por el Gobierno.
“La corrupción no es solo un problema de transacciones económicas al margen de la ley. Lo grave es que estas constituyen actuaciones que vulneran derechos ciudadanos, convirtiéndose en una práctica cotidiana y que llegan a tomarse como tolerables y hasta habituales”, subrayó Merino.
La Unidad Anticorrupción está encabezada por la propia Merino Lucero y está conformada por Jorge Arbizu, Alison Hospina, Jaris Mujica y Carlo Mario Velarde.