Misión internacional denuncia genocidio contra indígenas colombianos

BOGOTA.

Los indígenas colombianos son víctimas de un genocidio por la violación sistemática de sus derechos humanos, denunció este viernes una misión internacional que responsabilizó de ello al Estado y a los grupos armados ilegales.

"La sistematicidad de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y de los crímenes de lesa humanidad a los que han sido sometidos los indígenas de Colombia, prefiguran un genocidio contra estos pueblos", señaló en un comunicado misión, integrada por una veintena de organizaciones de derechos humanos de Europa y América.

El documento añadió que "ni siquiera las medidas cautelares y provisionales de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de derechos humanos han podido detener" dicho exterminio.

"La misión constató que los indígenas son víctimas de asesinatos políticos, detenciones masivas y arbitrarias, torturas y tratos crueles, desapariciones forzadas, allanamientos, señalamientos, judicializaciones infundadas, retenes permanentes y limitaciones a la movilidad", aseguró el texto.

La delegación visitó durante diez días cinco comunidades aborígenes para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones hechas en 2004 por el relator especial de las Naciones Unidas para los derechos humanos y las libertades indígenas.

A juicio de los delegados, tales sugerencias "no han sido atendidas de manera oportuna y eficaz por las autoridades gubernamentales y estatales", por lo que recomendaron una nueva visita del relator de la ONU a fin de exigir su cumplimiento.

Los observadores aseguraron que desde 2004 la situación de los nativos "se ha agravado a tal punto que configura un escenario no sólo de una grave crisis humanitaria, sino de amenaza cierta de extinción", ante lo cual reclamaron acciones del Estado y de la comunidad internacional.

La misión la integraron, entre otros, Michel Neveu, del Consejo General de Loire Atlantique de Francia; Efraín Calapucha, de la CONAIE en Ecuador; Charlie Roberts, del Comité para los Derechos Humanos de Colombia en Washington; y Jessica Eby, de la organización Wola de Estados Unidos.

Como testigos actuaron, entre otros, agencias de la ONU destacadas en Colombia, las embajadas de Suiza y Alemania y delegados de la Comisión Europea.

La misión denunció que el problema se ha profundizado por la política de seguridad del presidente Alvaro Uribe, que implica el desarrollo de operaciones militares contra las guerrillas izquierdistas en territorios ancestrales.

El comité criticó en particular una red de informantes civiles de la fuerza pública, el reclutamiento de soldados campesinos y la instalación de bases militares en los resguardos indígenas, señalando que "agravan la ya difícil situación".

Asimismo, denunció que la guerrilla y los paramilitares reclutan por la fuerza a jóvenes aborígenes, y que los combatientes de ultraderecha que se supone que están desmovilizados siguen actuando en poblados ancestrales cometiendo múltiples atropellos.

Fuente: AFP