El presidente de Guatemala, Otto Pérez, afirmó el último domingo que seguirá en el poder a pesar de los cuestionamientos y solicitudes de renunciar por estar sindicado como el presunto cabecilla de una banda de defraudación aduanera.
“Les afirmo que no renunciaré y que con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan”, afirmó Pérez en un mensaje transmitido en cadena de radio y televisión.
Tras la emisión, un centenar de los llamados “indignados” se apostaron frente a la Casa Presidencial con velas encendidas para celebrar la posible dimisión.
“Debe de renunciar, ya estamos cansados y el presidente debe de entender que el pueblo ya no lo quiere”, dijo a la AFP una mujer que formaba parte de este grupo de manifestantes.
El gobernante se vio obligado a dar una declaración pública luego de que el pasado viernes la Fiscalía y una comisión de la ONU contra la impunidad en el país lo acusaran de encabezar una estructura de defraudación aduanera junto a su exvicepresidenta, Roxana Baldetti.
Baldetti, que había renunciado en mayo, fue detenida el último viernes en un hospital privado donde estaba internada, y fue recluida en un cuartel militar de la capital acondicionado parcialmente como prisión para reos de alto impacto.
Según la investigación, las menciones de “el uno” y “la dos” en miles de escuchas telefónicas entre la estructura criminal denominada “La Línea”, corresponden al mandatario y a la vicepresidenta.
“Declaro categóricamente que rechazo mi vinculación a la misma (estructura ilegal) y el haber recibido dinero alguno de esa operación de defraudación aduanera”, agregó Pérez.
PIDE PERDÓN
El mandatario en su discurso afirmó que enfrentará a la justicia y demostrará su inocencia, pidió perdón a los guatemaltecos y acusó al gremio empresarial de estar involucrado en la defraudación y a la comunidad internacional de intervencionista.
Aunque el jefe de Estado reconoció que ignorar las demandas de la población en la coyuntura actual tenía “un alto riesgo”, dijo que se mantendrá en el cargo porque “el fin superior es resguardar la institucionalidad y avanzar en las transformaciones en lo político, legal y administrativo”.
La convulsión que viven los guatemaltecos además se da en medio del proceso electoral y a solo dos semanas para que acudan a las urnas para elegir a sus autoridades para el periodo 2016-2020.
