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Amplían por 45 días más el estado de emergencia en el Callao

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Esta sexta prórroga fue anunciada tras la reunión del ministro del Interior, Carlos Basombrío, con autoridades del primer puerto.

El ministro del Interior, Carlos Basombrío, y autoridades del Callao decidieron ampliar por 45 días más el estado de emergencia en el primer puerto, el cual rige desde diciembre del 2015.

La medida fue anunciada al término de la reunión del Consejo Regional de Seguridad del Callao (Coresec), que contó con la presencia del gobernador regional del Callao, Félix Moreno, y de Juan Sotomayor, alcalde provincial del primer puerto.

Basombrío anunció que, junto a esta medida, incluirán en el programa de recompensas a 250 requisitoriados del Callao, la mayoría de los cuales pertenecen a peligrosas bandas, e implementarán la estrategia Barrio Seguro para articular a otras entidades públicas.

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“En la evaluación preliminar que hemos realizado, el estado de emergencia ha facilitado la labor policial, sobre todo de investigación, pero eso tiene un límite para solucionar un problema que es social. Y como es social, tiene que desarrollarse estrategias sociales también”, manifestó.

Por su parte, Félix Moreno admitió que el estado de emergencia ha tenido resultados positivos, y que por ese motivo su gestión apoyará la labor de la Policía Nacional recompensando a aquellos agentes que atrapen a los delincuentes.

“Los vecinos del Callao ya perciben mayor seguridad en sus barrios. En diciembre pasado de los 10 chalacos entrevistados, los 10 percibían inseguridad. Siete meses después, son cuatro los que ya perciben seguridad. Por eso le pedimos a la población que confíe en la Policía, no podemos ser mezquinos”, indicó.

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Moreno expresó su conformidad por la decisión de Basombrio, de mantener a los 500 efectivos policiales en el Callao al término del estado de emergencia, pues ayudarán a controlar el puerto marítimo, como el aeropuerto, lugares por donde sale la droga.

La ampliación del estado de emergencia en el Callao implica que se mantendrán suspendidos los derechos constitucionales de libertad, seguridad personal e inviolabilidad de domicilio. Es decir, la Policía puede ingresar sin orden judicial a las casas y hacer detenciones sin permiso de un juez.


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