08.MAY Sábado, 2021
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Última actualización 08:39 pm
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Opinión

Lava Jato, hasta ahora, ha puesto bajo investigación a 415 políticos de 26 partidos políticos, entre ellos 80 congresistas. Además, ha permitido que la población visualice la escandalosa corrupción de famosos políticos y poderosos empresarios.

La aristocracia política brasileña se siente en riesgo. Para ellos es inaceptable que los mecanismos de impunidad que siempre han funcionado sean ahora amenazados por el Ministerio Público, la Policía Federal y jueces de primera instancia.

Su reacción es el proyecto de ley 280, que será discutido en el Senado esta semana. El propósito del PL 280 es claro: acabar con la operación Lava Jato, intimidar al Ministerio Público y a la Policía Federal, debilitar la independencia del Poder Judicial, e impedir que algo como Lava Jato vuelva a suceder.

Con el PL 280, los procuradores del Ministerio Público podrán ser llevados a prisión si inician una investigación a una persona poderosa sin suficientes indicios de delito (¿?). Las prisiones preventivas, necesarias para evitar que los corruptos sigan actuando, oculten sus robos y destruyan las pruebas, serán dificultadas. La colaboración eficaz, palanca clave de Lava Jato para destapar los mecanismos de la corrupción y las redes del crimen, no podrá darse en casos de prisión preventiva. Sergio Moro ha denunciado que, con el PL 280, los jueces podrán ser procesados penalmente por razones de interpretación de la ley.

Los medios y la opinión pública están en contra del PL 280, y las redes sociales están muy activas para evitar su aprobación, pero los políticos corruptos están desesperados para evitar la cárcel y la devolución de sus mal habidas fortunas.


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