08.MAY Sábado, 2021
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Última actualización 08:39 pm
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Opinión

“Los jueces del STF fueron en su mayoría nombrados por Lula y Dilma, y siempre han mantenido silencio (…)”.

En sus inicios, Lava Jato afectó principalmente a los ejecutivos de las grandes empresas constructoras (OAS, Odebrecht, etc.) pero en la medida en que los colaboradores eficaces fueron declarando, la investigación alcanzó a la aristocracia política, especialmente al PT.

Hasta ahí todo estaba bien para el Superior Tribunal Federal (STF), la más alta instancia del Poder Judicial brasileño, pero la semana antepasada las declaraciones del ejecutivo de OAS, Leo Pinheiro, involucró a Dias Toffoli, miembro del STF y ex abogado del PT.

La reacción del STF fue inmediata. Rodrigo Janot, miembro del STF, suspendió las declaraciones de Leo Pinheiro, arguyendo filtración de información. Ello ha desatado un conflicto entre el STF y el Ministerio Público, responsable de la investigación.

En los medios, la atención está dedicada al Impeachment de Dilma, que debe resolverse entre hoy y mañana. Sin embargo, este conflicto no es de menor importancia. Otros jueces comenzaron a criticar a Sergio Moro y cuestionar Lava Jato, reaccionando con un espíritu de cuerpo.

Los jueces del STF fueron en su mayoría nombrados por Lula y Dilma, y siempre han mantenido silencio respecto a las denuncias de corrupción del PT. Pero ahora, cuando una denuncia señala como corrupto a uno de sus miembros, su reacción los pone en una línea de colisión con las fuerzas políticas que están liderando la lucha contra la corrupción. Cuando recién se está resolviendo una crisis política que involucra a los partidos políticos se abre otra que afecta al STF, una instancia que ha venido cumpliendo un rol de referencia institucional. Los factores de inestabilidad se mantienen.


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